En el mundo, cuatro millones de mujeres y niñas son reclutadas cada año para ejercer el comercio sexual y, de acuerdo con datos de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), medio millón de mujeres y menores mexicanos sufren explotación sexual, tanto en el país como en el extranjero.

Lo anterior fue informado por Teresa Ulloa, directora regional para América Latina y el Caribe de CATWLAC, quien expuso que la crisis económica va a disparar el fenómeno de la trata a escala global; por tanto, en el caso de México hizo un llamado al gobierno a atender este problema, que ha sido ignorado por las autoridades pese a que ya está ligado a las redes de narcotraficantes.

En conferencia de prensa en la que dio a conocer la realización de la primera Reunión regional de buenas prácticas para combatir la demanda y la legalización de la prostitución, Ulloa se pronunció por la aprobación de marcos legales que criminalicen la demanda y no a las víctimas, pues sólo así se podrá encarcelar a estos delincuentes.

Se deben aplicar medidas legislativas para disminuir la demanda, porque el que compra es el que detona la demanda y es la razón por la que existe la cadena de explotación.

En tal sentido, criticó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y su reglamento, aprobado hace algunos días, pues impiden la persecución del delito.

Deploró el hecho de que plantea que el consentimiento de la víctima diluye el ilícito, lo cual atenta contra lo dispuesto en instrumentos internacionales ratificados por México. Metieron el consentimiento dado por la víctima como causa de exclusión del delito, a pesar de que la Convención del 49, que es un instrumento ratificado por México, establece que quien comete un delito, lo comete aunque haya consentido la víctima.

Apuntó que esta legislación tampoco protege a las víctimas. Existe un grave problema con los medios comisivos, porque en el sistema penal mexicano el presunto criminal puede negar lo que se le imputa, y así la carga de la prueba se revierte hacia la víctima, la cual tiene que probar que fue forzada y engañada, y eso es muy difícil.

Resaltó que este negocio se ha vuelto tan redituable que se estima que el comercio sexual en América Latina deja ganancias que representan 17 por ciento del PIB de la región.

Señaló que en México no hay cifras actualizadas sobre esta actividad. El gobierno maneja cifras del año 2000, no tiene números confiables, por eso vamos a impulsar la instalación de observatorios ciudadanos para analizar este delito y contar con números reales que nos permitan proponer políticas eficientes.