yer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fijó en un comunicado su postura ante la adquisición de una porción del capital de Banamex –con los programas de apoyo a su matriz, Citigroup– por parte del gobierno de Estados Unidos, y ante el hecho de que se haya configurado de esa manera una ilegalidad: en su artículo 13, la Ley de Instituciones de Crédito especifica, en forma clara e inequívoca, que no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad. En suma, la participación gubernamental de Washington en Banamex contraviene las leyes del país.

Pero, lejos de asumir y reconocer este hecho, como es su responsabilidad, la SHCP optó por enredarse en la formulación de subterfugios y falacias inadmisibles, en una descalificación de las normas legales y, por tanto, en una actitud contraria a la ley. El boletín emitido por la dependencia asevera que, por la propia naturaleza de los programas de apoyo, es previsible que éstos se retiren conforme vaya mejorando el entorno económico; que la intervención de los gobiernos no ha tenido por objeto convertirlos en prestadores de servicios financieros, y que la adquisición de Citigroup por el gobierno del país vecino no responde a una intención deliberada de participar en la banca y menos aún de intervenir en el sistema financiero mexicano. Asimismo, alega que los beneficios de los apoyos otorgados en el extranjero se extienden a sus filiales en México, contribuyendo a conservar su valor, preservar su nivel de capitalización y mantener su capacidad operativa. En síntesis, según Hacienda, es aceptable tolerar una ilegalidad a condición de que sea temporal, que no tenga propósitos injerencistas y que reporte beneficios económicos.

Aún más grave, la dependencia asevera que el artículo arriba citado ha generado diferentes opiniones respecto a las implicaciones, sobre las filiales mexicanas, de los apoyos y rescates implementados por gobiernos extranjeros en beneficio de las matrices; que existen otras disposiciones legales sobre la materia, las cuales deben ser tomadas en cuenta para establecer el criterio legal aplicable al caso concreto, y que corresponde a la SHCP la interpretación sobre la aplicación de estas leyes, como si hubiera algo que intrepretar ante un precepto legal tan claro y terminante.

A continuación, la institución que encabeza Agustín Carstens se lanza a denostar el precepto referido, afirmando que data de hace más de 20 años y que está descontextualizado, porque no abarca casos de emergencia derivados de crisis globales ni la participación mayoritaria de inversión extranjera. Con semejante lógica bien puede alegarse la obsolescencia de la Constitución de 1917 en su conjunto o, peor, justificar homicidios perpetrados en circunstancias excepcionales y no previstas por las leyes.

Está fuera de duda que la situación anómala fue generada en forma incidental por el rescate bancario estadunidense y que no obedece a un designio de Washington de apoderarse de una institución de crédito que opera en México. Es claro, asimismo, que el gobierno estadunidense ha terminado siendo accionista coyuntural de Banamex en el contexto de la severa crisis económica por la que atraviesa el mundo. Pero es igualmente cierto y evidente que una ley mexicana prohíbe tal participación.

Ante esta circunstancia, la SHCP ha decidido desconocer (en el sentido de ignorar y en la acepción de atropellar) la ley, y tal hecho es inadmisible, vergonzoso y nefasto para la vida institucional de México. En vez de enfrentar las dificultades políticas que necesariamente derivan del cumplimiento de la norma referida, Hacienda propone hacerse de la vista gorda, remplazar la observancia de los preceptos legales por un espíritu de tolerancia ante el ilícito y regularizar, mediante la fabricación de leyes a modo, la contravención mencionada. Se trata de una exaltación de lo irregular, de un intento por relativizar el imperio de la ley y de una inmoralidad impresentable que debilita el marco normativo y el tramado institucional, socava la de por sí deficitaria legitimidad de la actual administración y demerita la credibilidad de lo que el Ejecutivo federal afirma que es su principal empeño: el restablecimiento del estado de derecho.