Respetar a las autoridades bolivianas, exige el alto funcionario
relaciones constructivas: canciller Choquehuanca
Viernes 20 de marzo de 2009, p. 34
La Paz, 19 de marzo. Hay interés
de los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos en formalizar relaciones positivas y constructivas pero no relaciones de intromisión
entre ambos países, para lo cual se está trabajando en un nuevo acuerdo marco, declaró este jueves ante la prensa el canciller boliviano David Choquehuanca.
Consultado sobre el estatus de las relaciones con Estados Unidos luego de la expulsión del embajador Philip Goldberg y de la agencia antidrogas, la DEA, así como del segundo secretario de la legación estadunidense la semana pasada, acusados de conspirar contra el gobierno, el funcionario boliviano dijo que Estados Unidos ha entendido que esta administración, por más pequeña que sea, y Bolivia, por poco desarrollado que sea, es un país digno
.
Ellos (el gobierno estadunidense) están conscientes que tienen que respetar a las autoridades bolivianas
, añadió Choquehuanca, al recordar que en gobiernos anteriores eran los funcionarios nacionales los que tenían que pedir permiso a la DEA
para tomar alguna decisión, por lo que las actividades de ese organismo estadunidense fueron suspendidas en el país en noviembre de 2008.
Aseguró que ha habido reuniones permanentes, tanto en Washington como en Bolivia, para intercambiar propuestas para un nuevo acuerdo marco en el que se trabaja sobre la base del respeto a la soberanía y la dignidad.
Puntualizó que cualquier tipo de ayuda es bienvenida, pero sin ninguna condición, sin pretender controlar a autoridades locales.
Las relaciones bilaterales entraron en su peor etapa con la expulsión del embajador Goldberg en septiembre pasado, luego de que el presidente Evo Morales lo declaró persona no grata
al acusarlo de apoyar las protestas de cinco prefectos opositores y buscar desestabilizar su gobierno.
Sucesos que el mandatario calificó de golpistas
porque desembocaron en una matanza de una veintena de campesinos afines a su causa política, de los que se responsabilizó al entonces prefecto (gobernador) de Pando, Leopoldo Fernández, quien fue destituido y se encuentra desde entonces en prisión bajo proceso.