Caracas, 19 de marzo. La fiscalía general de Venezuela pidió este jueves la detención preventiva del alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, acusado de haberse enriquecido ilícitamente durante su periodo como gobernador del estado de Zulia (2000-2008), pues el notorio dirigente político de la derecha no pudo justificar con sus ingresos legales el incremento desproporcionado en su patrimonio de 147 millones de bolívares (alrededor de 23 millones de dólares).

El ministerio público presentó en un tribunal de Caracas 26 documentos en que se pretende mostrar la responsabilidad de Rosales, el más visible político opositor, que en diciembre de 2006 enfrentó en las urnas al presidente Hugo Chávez, quien lo venció por amplio margen de votos.

Rosales fue electo alcalde de Maracaibo el año pasado, durante los comicios locales realizados en casi todo el país, mientras que la oposición de derecha retuvo el gobierno estatal de Zulia.

En los dos referendos celebrados en Venezuela los dos últimos años –por la reforma constitucional–, la figura política del zuliano no fue suficiente para encauzar el movimiento opositor derechista y su lugar fue ocupado por dirigentes estudiantiles.

La fiscal Katiuska Plaza solicitó el arresto preventivo de Rosales ante un tribunal en Caracas, que tienen la facultad legal de decidir si ejecuta el arresto o lo suspende, en un plazo de 10 a 20 días.

En su primera reacción ante la petición de la fiscalía general, Rosales no explicó el origen de su patrimonio, pero aseguró que ésta es una confabulación contra mí, es una manera de criminalizar la política en Venezuela y aplastar a quienes tenemos voces políticas disidentes en el país. Me quieren silenciar, borrar de la política, pero yo los voy a enfrentar.

La acusación del ministerio público se basó en un informe de la Contraloría General de la República del 19 de julio de 2007, que tomó como punto de partida la declaración jurada de bienes del ex gobernador de Zulia entre los años 2002 y 2004.

Rosales, quien dirige el partido derechista Nuevo Tiempo, fue citado el 11 de diciembre del año pasado por las autoridades para notificarle la imputación, con base en el expediente de la Contraloría General de la República, que tiene la fiscalía en sus manos desde el 14 de agosto de 2007.