Bogotá, 18 de marzo. La delegación en Colombia del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reclamó hoy la liberación de todos los secuestrados en el país, luego de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entregaron al sueco Erik Roland Larsson a una comisión oficial.

Al saludar la liberación de Larsson, la oficina recordó que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, exigió recientemente a los grupos armados la liberación inmediata y sin condiciones de todos los rehenes. El organismo destacó que en julio de 2008 se contabilizaban 2 mil 820 secuestrados, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa.

Larsson, un ingeniero de 69 años y el único ciudadano de ese país que se encontraba secuestrado en el mundo, fue liberado por la insurgencia en una zona del departamento de Córdoba. El rehén fue privado de su libertad el 16 de mayo de 2007 cuando se encontraba en su finca del norte del país, y según la policía se exigía por su liberación un rescate de cinco millones de dólares.

Según el director del organismo de inteligencia DAS, Felipe Montaña, la liberación se logró por gestiones del gobierno sueco con las FARC, pero no aclaró si se pagó algún rescate. El hijo de Larsson, Tommy Larsson, dijo que la familia no pagó ningún rescate por no tener recursos.

En tanto, el sacerdote jesuita Javier Giraldo fue citado por la justicia colombiana para que responda en una indagatoria por presuntos delitos de injuria, calumnia y falsa denuncia, en el contexto de una serie de investigaciones que lleva a cabo la fiscalía general contra numerosos defensores de derechos humanos, informaron medios de prensa locales.

Giraldo, quien afronta una denuncia penal entablada por un coronel del ejército después que fue uno de los primeros en poner al descubierto una matanza de ocho civiles el 21 de febrero de 2005 en la conflictiva región de Urabá, se dijo molesto con la fiscalía y anticipó que no se presentará a declarar porque no se respeta el debido proceso y se le quiere vincular con la guerrilla.

Hasta ahora la fiscalía ha acusado a 10 militares por su participación en los hechos, en los que además son procesados algunos miembros de grupos paramilitares de extrema derecha.