El diputado local del PRD Agustín Guerrero consideró que con la respuesta que dio la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) respecto a los cinco integrantes de la dirigencia del PAN capitalino que al mismo tiempo fungían como técnicos de la dependencia federal se constata que hubo utilización de recursos públicos para beneficiar electoralmente a ese partido, por lo que exigió a las autoridades ir más allá y ubicar a los responsables políticos de esta estrategia.

Ayer, La Jornada difundió que los panistas que habían obtenido apoyos económicos de la dependencia federal por 7 millones de pesos durante 2008, provenientes de dos programas dirigidos al sector rural de la ciudad de México, habían sido denunciados ante el Ministerio Público y cesadas sus acreditaciones para la elaboración de proyectos para este año.

Consultado al respecto, el perredista, quien en su momento también presentó sendas denuncias ante la Fiscalía de Delitos Electorales de la procuraduría, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, dijo que ojalá los cinco involucrados directamente no sólo queden como chivos expiatorios, sino que las investigaciones se extiendan a sus superiores, en este caso, a la presidenta del albiazul en la capital, Mariana Gómez del Campo.

Los panistas que fueron denunciados penalmente, adujo Agustín Rodríguez, no actúan solos, obedecen órdenes de sus jefes, son el eslabón más débil de toda una estrategia, por lo que hay que ir por los verdaderos responsables y por quienes se beneficiaron políticamente, para que rindan cuentas al respecto.

Indicó que se tiene que indagar con quiénes se coordinaban para realizar su trabajo e investigar cuál es el destino final de los recursos utilizados, pues ya hay un reconocimiento de la propia Secretaría de la Reforma Agraria de que había esa triangulación del erario.

De este caso está pendiente la investigación que deberá seguir la Auditoría Superior de la Federación, tras una petición que hizo la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, por la probable existencia de hechos de corrupción y daño patrimonial en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria, pues por ley los cinco dirigentes panistas están impedidos para estar acreditados como técnicos de la dependencia federal.