Mil 200 padres de familia de diversas escuelas privadas, representados por la Unión Nacional de Padres de Familia (UPF), interpusieron ayer ante jueces federales en materia administrativa demandas de amparo contra el transporte escolar obligatorio en el Distrito Federal, anunció el líder de esta agrupación, Guillermo Bustamante.

La consejera jurídica del gobierno capitalino, Leticia Bonifaz, calificó la cifra de exagerada, dado que ahorita (el decreto) sólo obliga a 10 escuelas, aunque reconoció que los padres de familia pueden solicitar el amparo de manera particular.

Por la mañana Guillermo Bustamante explicó que en las demandas de amparo se argumenta que el programa de transporte escolar obligatorio viola el artículo tercero constitucional, y el acuerdo emitido el 10 de marzo de 1992, que indica que las escuelas particulares no pueden obligar a los padres de familia a pagar otros aspectos que las colegiaturas y las inscripciones.