n La Haya funcionan dos tribunales de justicia universal: la Corte Internacional de Justicia (CIJ, principal órgano judicial de la ONU, desde 1945), y la Corte (o Tribunal) Penal Internacional (CPI), de reciente creación. La CIJ atiende conflictos entre estados. La CPI funciona desde mediados de 2002, y juzga a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

El estatuto de la CPI fue suscrito por 139 países en Roma (1998). No todos lo ratificaron. Potencias como Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Canadá, Israel, no ven con buenos ojos un organismo que podría ir contra sus intereses. Pero si algunos gobiernos ven la corte como un atentado a la soberanía del Estado, grupos sociales y humanitarios tienden a verla como espacio favorable para consolidar procesos de democracia interna.

Los casos ante la CPI pueden ser presentados por cualquier nación que haya ratificado el tratado de Roma, por el Consejo de Seguridad de la ONU, o por los fiscales del tribunal tras la aprobación de tres jueces de la corte. Pero lo cierto es que el Consejo de Seguridad tiene la llave para decidir qué tipo de crímenes pueden ser juzgados.

La resolución 1442, por ejemplo, niega a la corte que inicie o investigue acciones u omisiones anteriores a 2002, autorizados por la ONU. Esto quiere decir que los crímenes de guerra cometidos en Irak y Afganistán no serán investigados. Por otro lado, la resolución choca contra la imprescriptibilidad de los crímenes, noción que forma parte de constituciones como la argentina.

En el último día de su gobierno, Bill Clinton dejó una papa caliente a George W. Bush: firmó el Estatuto de Roma, mas no lo envió al Senado para su ratificación. Sólo expresó recomendaciones para que lo hiciera el sucesor. En todo caso, sintiéndose amenazados por la nueva entidad supranacional de justicia, varios ex funcionarios habían puesto las barbas en remojo, en diciembre de 2000.

Criminales de guerra con orden de captura, como el ex secretario de Estado Henry Kissinger, y un tenebroso conjunto de ex secretarios de Defensa, de Seguridad Nacional, ex secretarios de Estado y directores de la CIA, se dirigieron al Congreso para manifestar que la CPI representaba una amenaza a la soberanía estadunidense, y a la libertad internacional de acción (sic).

Dos años después, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución que garantiza que si un país no suscribió el Estatuto de Roma no podrá ser objeto de proceso judicial ante esa jurisdicción. Washington, agradecido. El país que rutinariamente asume la defensa mundial de los derechos humanos, quedaba al margen de su propia transgresión.

Una moral para Estados Unidos, y otra para el resto del mundo. ¿Quién le pone el cascabel al imperio? En junio de 2002, Washington pidió al Consejo de Seguridad inmunidad total para sus tropas. Sólo consiguió que la limiten a un año. Entonces, al no conseguir su objetivo, impuso el veto a una resolución que prolongaba el mandato de la misión de la ONU para Bosnia-Herzegovina, que expiraba el 30 de junio. O sea, el mismo día en que la CPI empezaba a funcionar.

Un mes después, la Comisión Europea exigió a los candidatos a ingresar al grupo de las 15 naciones de la unión el apoyo total al nuevo tribunal. A modo de respuesta, el embajador ante la ONU, John Negroponte, anunció que Estados Unidos impulsaría acuerdos bilaterales con otras naciones que acepten la inmunidad de las tropas yanquis.

El secretario de Estado, Colin Powell, añadió: No azotamos ni amenazamos a ninguno de nuestros amigos, y el subsecretario John Bolton (quien en 1994 había declarado que el edificio de la ONU estorbaba en Nueva York) aseguró: No presionamos a ningún país para que firme este acuerdo. Un texto del Departamento de Estado explicó la situación: “Buscamos proteger a los ciudadanos estadunidenses y a los no estadunidenses…del peligro potencial de ser juzgados por un tribunal que carece de las salvaguardas suficientes contra fiscalizaciones políticamente motivadas, y que fue establecido fuera del sistema de la ONU, por un tratado del que no somos parte”.

Simultáneamente, su país presionaba al parlamento de Serbia y Montenegro para a su vez conseguir de Belgrado gestos que demostraran su voluntad de cooperar con la CPI, antes de otorgarles ayuda financiera. El parlamento serbio apoyó la ley, y algunos de los colaboradores del ex presidente Slobodan Milosevic empezaron a desfilar por la La Haya.

Aunque más vale prevenir… En 2002, el gobierno de Bush promulgó una ley que autoriza a las fuerzas armadas de Washington a enviar tropas a La Haya “…para rescatar a cualquier soldado estadunidense presentado ante la CPI” (sic). La ley continúa vigente, y se llama Acta de invasión de La Haya (sic).

Posiblemente, las cosas de la justicia y el análisis político no sean menos complejos de lo que aparentan. En abril de 1999, con motivo de la situación en Kosovo, el dramaturgo Harold Pinter (premio Nobel de Literatura 2005) ensayó la síntesis perfecta: la política exterior estadunidense es muy simple: bésame el culo o te rompo el cráneo.