Diputados de PRD, PAN y PRI en la Asamblea Legislativa calificaron de inmoralidad el que los siete magistrados de la sala superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) se hayan otorgado un bono anual por 100 mil pesos, y consideraron que si bien ese órgano goza de autonomía, eso no debe ser motivo para que incurran en excesos presupuestarios.

En su edición de ayer, La Jornada dio a conocer que a partir de este mes los magistrados comenzaron a recibir un estímulo por productividad, no obstante que el sueldo que percibe cada uno al mes es de 109 mil pesos, más diversas prestaciones, incluído un pago inusual en cualquier otra institución pública, que es el aguinaldo dos.

Frente a esos abusos, el diputado Daniel Ordóñez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, dio a conocer que acordó ya con su homóloga de la Comisión de Administración Pública Local, la panista Kenia López Rabadán, aprobar en estos dos grupos de trabajo el dictamen de reformas a la Ley Orgánica de ese tribunal, para poner un freno a esos apoyos, y aprobarlo antes de abril en el pleno de la ALDF.

Nazario Norberto, uno de los legisladores promoventes de modificaciones a ese ordenamiento, consideró que es un insulto que en estas épocas de crisis económica, los magistrados se den el lujo de otorgarse un jugoso bono, y consideró que ese dinero debería mejor aplicarse para mejorar las condiciones laborales de su base trabajadora.

En esa misma lógica coincidió el diputado del PRI y líder sindical Marco Antonio García Ayala, quien comentó que no se justifican esos estímulos salariales, porque de por sí sus ingresos mensuales son ya suficientes, por lo que los llamó a reconsiderar ese beneficio y cancelarlo.

Tomás Pliego, del PRD, denunció a principios del año pasado que los magistrados del TCADF pretendían crear un fondo de retiro con impuestos no pagados y retenidos a la base trabajadora, por cerca de 18 millones de pesos, y al hacerse eso público tuvieron que recular y dar marcha atrás a ese ilegal e inconstitucional fondo.

Durante una conferencia de prensa, Pliego Calvo reveló, además, que el presidente del TCADF, Raúl Armida Reyes, ha estado cabildeando con los diputados locales para tratar de modificar el contenido de la iniciativa de reformas, sobre todo en cuanto a que el titular de este organismo sea electo sólo entre los siete miembros de la sala superior y no entren en ese proceso los 15 magistrados de salas ordinarias y auxiliares.

Incluso, consideró urgente que ese tribunal cuente ya con una contraloría interna que pueda evaluar el uso de los recursos públicos que se les asigna a los magistrados, y pueda evitar que se incurra en esas inmoralidades. El TCADF es el único de su tipo en todo el país que no cuenta con una contraloría.