Por primera vez incluidas en la legislación electoral, en lo que se preveía como un paso hacia una ampliación de la vida democrática de los partidos políticos, las precampañas que finalizaron la semana pasada se convirtieron en experimentos aislados en algunos distritos para dar paso a una centralización en la designación de los candidatos o en esquemas con suficientes candados de control que redujera los riesgos de rupturas internas en las principales fuerzas políticas.

Oficialmente iniciadas el 31 de enero, lo más significativo de las precampañas fue el desafío de las televisoras al ejercicio interno de los partidos, como parte de la continuación de sus protestas contra la reforma electoral. Lo más difundido de este periodo no fue la contienda interna, sino la muestra de poder de las televisoras, que estimagtizaron la propaganda política y sometieron la autoridad electoral a sus intereses, con la connivencia de la mayoría de los consejeros, que no consideraron ilegal tal práctica.

Otro hecho relevante de las precampañas fue la cruzada que emprendió el líder panista, Germán Martínez, contra el PRI, sugiriendo su responsabilidad en el crecimiento de la violencia del narcotráfico, escaramuza previa al proceso electoral que arrancará el 3 de mayo, cuya motivación central está en el rumbo que han tomado la mayoría de las encuestas que ubican al partido en el poder ante la gran probabilidad de perder las votaciones de julio próximo.

Por lo que hace a los partidos, las expectativas generadas por las precampañas fueron ahogadas en casi todos los casos por la adopción de esquemas de selección con mínimo riesgo. El razonamiento: al tratarse ya de un primer evento público, no era viable arriesgar posibles rupturas que los debilitaran de cara al proceso federal.

Así, el PAN optó por designar desde sus instancias directivas nacionales a dos de cada tres candidatos a diputado federal por la vía de mayoría relativa, para tener mayor control de posibles conflictos. Contrariamente a los antecedentes de ese partido, ahora el papel de las instancias centrales fue primordial para definir a los candidatos.

Apenas tratando de salir de la crisis en que se vio involucrada en 2008, producto de las accidentadas elecciones internas para la dirigencia nacional, ésta determinó cerrar los procesos de selección interna y circunscribirlos a tres entidades: Distrito Federal, estado de México y Zacatecas, donde sí hubo quejas y denuncias por irregularidades diversas.

El PRI definió un esquema de selección con candados suficientes en las convocatorias distritales para evitar mayores conflictos internos.

En el lado de la autoridad electoral, el curso de las precampañas evidenció debilidades e insuficiencias. El polémico proceso sancionador contra Televisa y Tv Azteca –relacionado con la interrupción de programas, la incorporación de cortinillas y el empaquetameniento de espots– y el insuficiente monitoreo de los esptos durante las precampañas –31 de enero al 11 de marzo– fueron muestra de ello.

Con la justificación de que no le fueron entregados los recursos solicitados a la Secretaría de Hacienda para instrumentar la reforma –incluida la adquisición de equipo para monitoreo–, el IFE operó con tecnología especializada sólo en Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara. En el resto del país se improvisaron esquemas no consolidados para el monitoreo. De ninguno de los sistemas se conoce un reporte del monitoreo de precampañas.

En general, los partidos utilizaron los espots a que tenían derecho en este periodo para difundir campañas genéricas y comenzar a posicionarse ante la elección constitucional. Por ello, prácticamente no hubo propaganda sobre precampañas de los partidos, ni tampoco quejas ante la autoridad electoral sobre presuntas irregularidades.

En principio, los partidos están obligados a retirar la propaganda de bardas el próximo 31 de marzo, pues el resto de anuncios –Internet, pendones– debió ser retirado desde el pasado jueves.