La Procuraduría General de la República (PGR) rechazó ayer la recomendación 14/2009 enviada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntas violaciones a garantías individuales cometidas en agravio de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como en perjuicio de empleados de las compañías subcontratadas por la paraestatal.

La información de la PGR sobre el rechazo se hizo pública cuando incluso el obdusman ya había dado respuesta a la negativa de la fiscalía, considerando infundadas e insuficientes las explicaciónes de Pemex para adoptar esa posición porque así, precisó la CNDH, evade su responsabilidad en el accidente en la plataforma Usumacinta, ocurrido el 23 de octubre de 2007, donde perdieron la vida 22 personas y 68 más resultaron lesionadas.

En su comunicado, la PGR señala que si bien no acepta la recomendación, en virtud de que la propia CNDH considera acreditadas las violaciones a los derechos humanos derivadas de la responsabilidad de servidores públicos, esta institución solicita a esa comisión se sirva aportar los elementos de los cuales tuvo por solventadas las violaciones a los derechos humanos, con el fin de robustecer la averiguación previa que se sigue por los hechos ocurridos en la sonda de Campeche.

La CNDH señaló que la gravedad de los hechos y los daños patrimoniales configuran responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales que deben ser investigadas por las autoridades competentes, con el propósito de evitar que los responsables sean cobijados por la impunidad.

El organismo destacó además la negativa de la PGR para proporcionar a la comisión información útil para comprobar que hubo violaciones a derechos fundamentales en el siniestro ocurrido en el golfo de Campeche.

Lamentó la abierta contradicción entre el exhorto del Ejecutivo federal para combatir la impunidad en cualquiera de sus formas, y la actitud evasiva en que incurre Pemex para evitar asumir responsabilidades en los hechos de octubre de 2007.

La comisión acreditó violaciones a los derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la legalidad y la seguridad jurídica y en los centros de trabajo de los trabajadores de Pemex.