A una semana de que se conformó la comisión binacional México-Francia para resolver si procede o debe negarse la repatriación de la secuestradora francesa Florence Cassez Crepin, todavía no hay nada definido por las autoridades que la integran.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, el tema se encuentra trabado en el punto del Tratado de Estrasburgo, que reserva a Francia la posibilidad de revocar, modificar, reducir o incluso cancelar las sentencias de los reos transferidos conforme a la justicia gala.     

Según los funcionarios consultados por La Jornada, las autoridades mexicanas –que a principios de la semana pasada mantuvieron opiniones divididas– lograron unificar criterios este fin de semana en oposición a la entrega de Florence para salvaguardar el respeto a la Constitución mexicana.

Las posibles violaciones a la Carta Magna las explicó el pasado 9 de marzo, en entrevista con este diario, el constitucionalista Elisur Arteaga, quien indicó que al conformar dicha comisión binacional, que revisaría la viabilidad de que la ciudadana francesa sea repatriada, existe la posible violación al artículo 15 constitucional, ya que esa norma estipula la obligación de un tratado entre dos países para que proceda la aplicación de cualquier convenio internacional.

Por ello, dijo el jurista, si no hay tratado entre México y Francia no procede el convenio de Estrasburgo. Y si aun así se transfiriera a Florence Cassez, también se violaría el 15 constitucional, sostuvo.

Agregó que lo más grave de este caso es que si se sugiere y consolida la repatriación, y una vez en Francia las autoridades de ese país le conceden el indulto, se estaría atentando contra el artículo 20 de la Carta Magna, el cual sienta el principio de la ejemplaridad de las penas.

Si se transfiere a esta ciudadana francesa, y allá las autoridades de su país le reducen la condena de 60 años de prisión, quedaría un precedente terrible para otros extranjeros sentenciados en México, que buscarían un trato similar. Estaríamos ante la violación al artículo 20 de nuestra Constitución, dijo Arteaga.

La ciudadana francesa Florence Cassez, en la rejilla de prácticasFoto Reuters /Archivo

Contrariamente a la postura de las autoridades mexicanas, los funcionarios franceses integrantes de la comisión binacional insisten en que la repatriación debe darse en estricto apego a lo estipulado en la Convención sobre la Transferencia de Personas Condenadas. Este acuerdo, signado entre Francia y México, data del 21 de marzo de 1983 y fue ratificado en 2007 por el Senado de la República.

En el punto 2 del artículo 10, dicho convenio –también conocido como Tratado de Estrasburgo– especifica:

“Si la naturaleza o la duración de dicha sanción fueren incompatibles con la legislación del Estado de cumplimiento, o si la legislación de dicho Estado lo exigiere, el Estado de cumplimiento podrá adaptar, mediante resolución judicial o administrativa, dicha sanción a la pena o medida prevista por su propia ley para las infracciones de igual naturaleza.

Dicha pena o medida corresponderá, en la medida de lo posible, en cuanto a su naturaleza, a la impuesta por la condena que haya de cumplir. No podrá agravar por su naturaleza o por su duración la sanción impuesta en el Estado de condena ni exceder del máximo previsto por la ley del Estado de cumplimiento, agrega el artículo 10, denominado Prosecución del cumplimiento.

La comisión está encabezada por el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Joel Antonio Hernández García, y por el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Juan Miguel Alcántara Soria, quienes coordinan a un equipo mexicano integrado por funcionarios de diversas dependencias y abogados del Poder Judicial Federal.

Por Francia participa un equipo de especialistas en derecho internacional, coordinados por el ministro de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, y por el embajador Daniel Parfait.

Según las fuentes consultadas, los miembros de la comisión ocuparán las tres semanas que tiene este órgano como límite para emitir su veredicto.