Al igual que sucede en el ámbito político, donde es común pasar de un puesto de representación popular a otro, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se ha convertido en trampolín para ocupar otros cargos dentro del Poder Judicial, pero también en refugio de políticos en espera de otra oportunidad para colocarse en los primeros planos. En este contexto, hoy asume el cargo de consejero el ex senador del PAN César Jáuregui Robles, en sesión solemne ante los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Judicatura.

Entre los ministros del máximo tribunal que le darán la bienvenida destacan Sergio Valls Hernández, ex diputado federal del PRI, quien saltó a la Suprema Corte desde su cargo de consejero de la Judicatura Federal, y Margarita Beatriz Luna Ramos, quien pasó de magistrada de circuito a consejera y de ahí fue designada por el Senado ministra del máximo tribunal.

Por parte del Consejo de la Judicatura estarán presentes María Teresa Herrera Tello, quien pasó a la Corte a propuesta del presidente Vicente Fox, luego de haber sido consejera jurídica de la Presidencia de la República; Jorge Moreno Collado, ex diputado federal priísta, ex vicepresidente de la Fundación Colosio y ex secretario ejecutivo de la fracción parlamentaria del partido tricolor en la Cámara de Diputados.

Junto con ellos estará el magistrado Luis María Aguilar, quien antes de ser consejero ocupó, durante la presidencia de José Vicente Aguinaco Alemán, la oficialía mayor de la Suprema Corte, y de quien se dice en círculos judicales que cuenta con el respaldo del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para convertirse en ministro de la Corte en noviembre próximo, en sustitución de uno de los dos magistrados que dejan el cargo el 30 de ese mes (Genaro David Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón).

Cabe señalar que el Consejo de la Judicatura Federal está conformado por siete integrantes: el presidente de la SCJN y del propio consejo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; tres representantes del Poder Judicial de la Federación, designados por el pleno de la Suprema Corte y elegidos de entre los más de 300 magistrados que hay en el país y que son: Luis María Aguilar Morales, Oscar Vázquez Marín y Juan Carlos Cruz Razo.

El Senado de la República designó a Moreno Collado, gracias al acuerdo impulsado por los priístas con los panistas, y recientemente a Jáuregui Flores, donde los priístas se sumaron a la propuesta del ex legislador.

La actual representante del Poder Ejecutivo federal es María Teresa Herrera Tello, ex magistrada del Tribunal de Justicia de Nuevo León y ex consejera jurídica de Vicente Fox Quesada. Al igual que Luis María Aguilar, está en la pelea por ser ministra.

Pero también ex consejeros designados por la Suprema Corte de Justicia tuvieron en el consejo una forma de carrera. El magistrado César Esquinca Muñoz, luego de ocupar su cargo por cinco años (periodo para el que son designados todos los consejeros, a excepción de su presidente), fue designado director del Instituto Federal de Defensoría Pública, dependiente del CJF, y se mantiene ahí hasta la fecha, mientras el magistrado Jaime Marroquín Zaleta ocupa la presidencia del Instituto de la Judicatura Federal, encargado de los cursos y exámenes que deben presentar los aspirantes a diversos cargos en el Poder Judicial.

Atrás quedó el perfil de los primeros años, cuando los poderes Ejecutivo y Legislativo designaban como representantes ante el Consejo de la Judicatura a académicos reconocidos como los doctores en derecho Mario Melgar Adalid, Ricardo Méndez Silva y Manuel Barquín Álvarez, quienes al terminar su encargo regresaron a sus labores educativas.

Rechazo a un bono

Otro caso fue el del magistrado Adolfo O. Aragón Mendía, quien al término de su encargo rechazó un bono millonario que le ofrecía el entonces presidente del CJF, Mariano Azuela Güitrón. Fuentes judiciales confirmaron que la acción de Aragón, quien regresó a un tribunal de circuito, echó por la borda la intención de los consejeros que querían recibir, después de cinco años de gestión, una pensión equivalente a la de los ministros de la Corte.

En cambio, las más recientes designaciones del Senado han obedecido más a causas políticas que a razones jurídicas. Sobre este punto, el ex consejero Mario Melgar advirtió en su libro El Consejo de la Judicatura Federal, editado en 1998, sobre la importancia de que el Senado establezca reglas claras sobre los requisitos de los representantes del Legislativo y del Ejecutivo federal al CJF, lo cual hasta la fecha no ha hecho. Además, se refirió a la importancia que tiene la despolitización de las designaciones, para terminar con la inconveniente práctica de servidores públicos federales que transitan de los cargos de la administración pública o del Congreso a los puestos judiciales y evitar que éstos se concedan por razones políticas y formen parte de la currícula de políticos o administradores públicos.

Melgar destacó la importancia que tiene el perfil de los consejeros en razón de que el CJF, además de administrar y vigilar la labor de jueces y magistrados federales, es el encargado de aplicar sanciones disciplinarias a los juzgadores, y también de aprobar remociones, sustituciones y cambios de adscripción, acciones que pueden incidir en la libertad y autonomía de los jueces federales.

Finalmente, cabe recordar que el tema sigue vigente, ya que en el escritorio del ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, se han recibido denuncias en contra de la consejera Herrera Tello por haber actuado en favor de una de las partes en su natal Nuevo León (La Jornada, 15/12/08).