l titular de la Secretaría de Economía (SE), Gerardo Ruiz Mateos, anunció ayer que el gobierno federal impondrá un incremento en los aranceles de 90 productos estadunidenses –cuyo volumen representa 1.7 por ciento de las importaciones totales provenientes del país vecino, con un valor que asciende a 2 mil 400 millones de dólares– en represalia por la decisión, adoptada la semana pasada en el Senado de esa nación, de eliminar los recursos del programa piloto de transporte transfronterizo contemplado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con lo que se impide el tránsito de camiones de carga mexicanos del otro lado de la frontera. En respuesta, el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, indicó ayer mismo que el gobierno (de Barack Obama) entiende las preocupaciones
de su par mexicano y afirmó que trabajarán con los legisladores estadunidenses para restaurar el programa de transporte de carga con nuestro país.
Debe señalarse, por principio de cuentas, que la medida de retaliación anunciada por el titular de Economía es acertada, aunque tardía e insuficiente: tales acciones, más otras de mayor importancia, tendrían que haberse tomado desde hace años para evitar el profundo daño provocado en diversos ramos de la economía nacional por los términos mismos del TLCAN y por su cumplimiento irregular por Estados Unidos. Desde hace más de tres lustros, en efecto, sectores como el agrícola y el industrial han sido sometidos a un proceso integracionista profundamente desigual, suscrito en circunstancias de generalizada asimetría económica, industrial, salarial y de bienestar social en relación con Estados Unidos y Canadá, y provisto de instrumentos no equitativos y desfavorables para nuestro país en diversos terrenos.
Desde otro punto de vista, debe apuntarse que el incremento arancelario anticipado por Ruiz Mateos, si bien pareciera obedecer exclusivamente a criterios técnico-económicos, tiene como telón de fondo el reciente intercambio declarativo entre la Casa Blanca y Los Pinos por las críticas de algunas autoridades y medios estadunidenses en contra de la desastrosa política de seguridad del calderonismo; así sea en forma involuntaria, la medida anunciada ayer por la SE adquiere, por ello, un inevitable acento político.
Más allá de estas consideraciones, la reciente controversia por la prohibición al tránsito de los transportistas mexicanos en territorio estadunidense hace ver la procedencia de renegociar el TLCAN, a efecto de corregir las enormes deficiencias estructurales de éste, las cuales se han expresado en forma de una sostenida dependencia económica de México respecto a la nación vecina (lo que, hoy por hoy, agudiza los efectos de la crisis económica mundial en nuestro país, originada en el sistema financiero de Estados Unidos); el abandono de los entornos agrícolas, con la correspondiente pérdida sostenida de soberanía alimentaria, la destrucción de tejidos sociales comunitarios y la dolorosa emigración del agro; el desmantelamiento de la industria nacional, acompañado de contenciones salariales injustificables, y abaratamiento de la mano de obra nacional con el fin de beneficiar a los capitales trasnacionales. Tales factores, en conjunto, han profundizado la vulnerabilidad nacional, han confirmado las profecías planteadas por los críticos del TLCAN hace más de 15 años y han puesto en evidencia que el acuerdo de comercio trilateral fue concebido y diseñado para beneficio exclusivo de los grandes capitales, no de las personas.
En suma, aunque hace más de una década el instrumento comercial constituyó un espejismo de impulso económico para nuestro país, hoy es claro que no funciona y que, para colmo, ha empezado a ser factor adicional de tensión en la relación con el país vecino.
Durante la campaña presidencial del año pasado, el hoy mandatario estadunidense manifestó su interés por renegociar el tratado, y esa posibilidad fue desestimada por el jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, quien dijo que sería un error
poner sobre la mesa al TLCAN y pidió a Obama que exhibiera suficiente talento y sentido común
y abandonara la idea de modificarlo. Acaso no se tomó en cuenta, en ese momento, que amplios sectores de la sociedad mexicana, y por razones diferentes a las del hoy mandatario de Estados Unidos, han venido expresando su rechazo al acuerdo comercial desde antes de que se firmara, y hasta la fecha.
Hoy, cuando la crisis agudiza la disputa por mercados, inversiones y fuentes de empleo, es claro que la versión actual del tratado comercial debe ser modificada, no sólo para provecho de las sociedades, sino también para evitar nuevos desencuentros entre ambos gobiernos.
