El senador priísta Fernando Castro Trenti manifestó que la ley federal de extinción de dominio será aprobada y se publicará, pero se le harán cambios a la iniciativa que envió el presidente Felipe Calderón para salvaguardar las garantías individuales, preservar la constitucionalidad y evitar que paguen justos por pecadores.

El también presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera refirió que concluida la primera jornada de las audiencias públicas para el análisis y reflexión sobre el nuevo marco jurídico en la materia de extinción de dominio, una primera deducción, derivada de la participación de académicos y especialistas de derecho penal, podría ser si es necesaria esta ley como la propuso el Ejecutivo federal.

Castro Trenti señaló que desde hace tres meses las instituciones académicas y el Congreso de la Unión han estado trabajando en el tema, ante la preocupación del titular del Ejecutivo federal, sobre todo porque, apuntó, las cosas no le están saliendo como lo dijo durante su campaña y los problemas de inseguridad y de crisis económica lo están rebasando”.

Abundó que de acuerdo con la opinión de estudiosos del derecho penal, el Estado tiene desde 1996 una Ley de Delincuencia Organizada, suficiente para atacar y desbaratar la estructura financiera de los criminales –que incluye bienes, como son casas, terrenos, edificios, dinero o vehículos–, sólo que, dijo, hasta ahora no la aplicado.

De acuerdo con los especialistas que participaron en la audiencia pública del jueves pasado, la ley federal de extinción de dominio propuesta por Calderón al Legislativo es violatoria de las garantías fundamentales, porque no respeta el derecho de defensa, en virtud de que en el planteamiento del Ejecutivo la autoridad niega la prueba.

Insistió en que es violatoria porque el proceso de extinción de dominio comienza con una declaración obtenida de un expediente de averiguación previa donde el Ministerio Público selecciona la prueba, transcribe la declaración y encuentra el delito. Sin embargo, el proyecto no vincula la extinción con la existencia de una verificación previa en la que existan elementos de convicción que permitan razonablemente constatar la presencia de bienes relacionados con la delincuencia organizada, apuntó.