El gobierno federal interpuso una denuncia en contra de la radio comunitaria Tierra y Libertad, de Monterrey, Nuevo León, con los cargos de operar en la clandestinidad, informó la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).

Aleida Calleja, vicepresidenta mundial de la asociación, indicó que esta es la primera vez en el país que se ejerce acción penal contra una emisora comunitaria, pues anteriormente se actuaba sólo con procesos administrativos, y esto resulta preocupante.

Ante esta persecución, la AMARC, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Fray Francisco de Vitoria, Article 19 y otras ONG manifestaron su profundo rechazo y preocupación, por lo que exigieron que se garantice el derecho a la libertad de expresión.

Datos de la AMARC revelan que en lo que va de la administración de Felipe Calderón se han cerrado 30 estaciones comunitarias por carecer de los permisos para transmitir en estados como Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.

Las ONG informaron que el jueves pasado acudió a testificar ante la PGR Héctor Camero, integrante de la comunidad Tierra y Libertad. Agregaron que en esa audiencia el Ministerio Público Federal determinó cambiar su situación jurídica de testigo a indiciado, lo que consideraron preocupante.

Señalaron que las autoridades podrían dictar hasta 12 años de cárcel a Camero y una multa de unos 15 millones de pesos.

Si bien aceptaron que Tierra y Libertad operaba sin el permiso correspondiente, subrayaron que desde 2002 los integrantes de la radio comunitaria los solicitaron formalmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que ratifica la voluntad de legalidad de la emisora.

El 6 de junio de 2008 Tierra y Libertad fue cerrada de manera violenta por más de 120 elementos de la Policía Federal Preventiva, sin que se observara un debido proceso, tal como que el Ministerio Público que atestiguó los hechos se negó a dejarles copia de la orden de cateo, así como del acta administrativa, a lo que están obligadas las autoridades.

Recordaron que los cierres de las estaciones comunitarias Ñomndaa, en Guerrero, y Uékakua, en Michoacán, también se efectuaron con uso de la fuerza pública.

Las ONG advirtieron que el uso de la vía penal en lugar de la administrativa que marca la ley en la materia para atender los problemas con las emisoras comunitarias muestra un endurecimiento y el inicio de una política más represiva y persecutoria en contra de éstas, y es un grave retroceso en materia de derechos humanos.

Por lo anterior, exigieron que el Ejecutivo federal cumpla con la obligación establecida en el Plan Nacional de Derechos Humanos, a fin de que reconozca y fortalezca a los medios comunitarios, cese de inmediato la persecución contra quienes participan en esos proyectos y cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para legislar en la materia.