Las bancadas de PRI y PRD en el Senado exigieron al gobierno federal y a la dirigencia del PAN dejar de usar el problema de la inseguridad y la violencia con fines electorales. Advirtieron que no se aceptarán presiones para aprobar leyes que intentan avanzar hacia un Estado policiaco y plantean limitaciones a la libertad de los ciudadanos.

El perredista Pablo Gómez destacó que un gobierno que está en guerra contra el narcotráfico, como el propio Felipe Calderón ha definido, no respeta derechos. En tanto, el priísta Jesús Murillo Karam dijo que no se les puede exigir que legislen al vapor temas de seguridad pública que incluso se contraponen a preceptos constitucionales.

Coincidieron en que el incremento alarmante de la violencia y la criminalidad no se debe a deficiencias legislativas, sino a problemas operativos y de conducción que rebasan el ámbito de las leyes.

Pablo Gómez señaló que hay 10 mil militares en Ciudad Juárez, y el miércoles pasado hubo tres asesinados más, por lo que consideró que la cosa es un poco más complicada que decir que con una ley de urgencia se va a resolver todo.

Aunque un día antes el dirigente del PAN insistió en sus llamados al Senado para que se aprueben la ley de extinción de dominio y las reformas en materia de narcomenudeo, el perredista sostuvo que no deben hacer caso de presiones ni agarrar velocidad artificial, ya que ambas iniciativas presidenciales requieren mayor análisis y modificaciones de fondo.

Lo que se nos está pidiendo es la legalización de la arbitrariedad y la violación de derechos como forma de encarar la delincuencia que estamos viviendo, recalcó. Asimismo, dijo que los especialistas que participaron en la audiencia pública sobre la ley de extinción de dominio dejaron claro que no puede aprobarse en sus actuales términos.

Por su parte, Murillo Karam explicó que el proceso de extinción de dominio –propuesto por Calderón– tiene carácter confiscatorio y otras características que no están contempladas en la Constitución, por lo que la iniciativa debe adecuarse a lo establecido en la Carta Magna.

Tenemos que legislar con seriedad, y nos preocupa la forma en que se quiere definir el proceso para la extinción de dominio. Destacó que no se puede exigir a quien renta una casa que tenga conocimiento de que los inquilinos no son narcotraficantes, si eso ni la Procuraduría General de la República es capaz de decirlo.

El también secretario general del PRI agregó que por eso harán oídos sordos ante quienes nos dicen cállense y aprueben, porque nuestra responsabilidad es pensar y analizar.

Que respondan por impunidad de El Chapo

El también priísta Fernando Castro Trenti demandó a los partidos políticos en campaña que dejen trabajar a los legisladores. Incluso, comentó que los gobiernos panistas no han aplicado la legislación vigente en materia de combate al narcotráfico.

Dijo que más allá de las intenciones de la revista Forbes al incluir a El Chapo Guzmán entre los hombres más ricos del mundo, los funcionarios responsables de seguridad pública en el sexenio de Fox deben explicar a la opinión pública no sólo cómo fue que abrieron la reja al narcotraficante para que escapara, sino por qué no le aseguraron sus millonarios bienes”.