La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso en evidencia diversas irregularidades y omisiones cometidas en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dependiente de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, sólo emitió recomendaciones para que no se repitan actos fuera de la norma.

De 11 acciones señaladas en la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo enero-junio de 2007 (primer semestre del sexenio calderonista), sólo en una demanda la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. Es decir, la mayoría de las acciones de la ASF son de naturaleza preventiva y una correctiva, pese que hay acciones reiteradamente irregulares.

Por ejemplo, señala una contratación fuera de la norma, en la que el Cisen –a cargo de Guillermo Valdés– no verificó siquiera que su proveedor estuviera al corriente en el pago de impuestos ni exigió documentos que avalaran la supuesta experiencia en la materia. No obstante, la ASF apenas recomienda mejorar sus procesos.

Asimismo, revisó el proceso de adjudicación para acceder al Sistema Automatizado de Análisis y Procedimiento de Información Legislativa (empresa vinculada a dirigentes panistas, con registro de creación apenas un mes antes de que empezara el sexenio calderonista); ocho meses después ya había firmado un contrato con el Cisen, con el argumento de amplia experiencia, la cual no pudo ser documentada en la auditoría.

Esta compañía tampoco contaba con los derechos patrimoniales para hacer uso, comercialización y otorgamiento de licencias de consulta a terceros, respecto a información de legisladores.

En el expediente respectivo, la ASF no encontró el documento que acreditara que el Cisen verificó que la firma estuviera en el Registro Público del Derecho de Autor.

A la fecha en que se celebró el contrato (primero de agosto de 2007), la empresa no contaba con la titularidad de los derechos de la obra (sistema de información que ofreció), ya que esto sucedió hasta el 7 de agosto de 2007.

Sin embargo, en la recomendación de la Auditoría Superior sólo se pide al Cisen establecer mecanismos de control que garanticen que en los documentos en que se motiva y fundamenta el procedimiento de adjudicación se justifique plenamente la experiencia de la empresa para laborar en el sector público.

Una situación similar ocurrió en la revisión hecha por la ASF a las cuentas de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, también dependiente de la Secretaría de Gobernación. Detectó que hay demora y atrasos para la autorización de los permisos correspondientes.

En 15 casos resolvió la autorización de permisos con demora hasta de 19 días hábiles, y en 12, en los que los interesados entregaron información adicional, la autorización se dio con un atraso hasta de 33 días hábiles.

La recomendación de la ASF sólo establece que en lo subsecuente, en el otorgamiento de permisos de sorteos, se ajuste a los plazos establecidos.