En 2007, el primer año del gobierno de Felipe Calderón, la incidencia en delitos federales y contra la salud se disparó al registrarse 137 mil 289 acciones de delincuencia organizada.

Dicho crecimiento fue superior al observado cada año durante la administración de Vicente Fox (2000-2006). La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007, que el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), que se encarga de las labores de inteligencia para combatir la delincuencia organizada y sus derivados, está obligado a definir programas, metas e indicadores que cumplan con lo dispuesto por la administración federal.

Los resultados derivados de la auditoría del órgano fiscalizador refieren que la mayor incidencia delictiva se registró en el periodo 2002-2007, al pasar de 73 mil 803 casos en 2002 a 137 mil 289 en 2007. Esto significó un crecimiento promedio anual de 13.2 por ciento, y se expresa con esa tendencia por la comisión de delitos contra la salud, que alcanzó una tasa de crecimiento anual de 28.1 por ciento, al pasar de 23 mil 588 delitos denunciados en 2002 a 81 mil 491 en 2007. En dicho periodo el resto de los delitos federales, entre los que se encuentran los ataques a las vías generales de comunicación, culposos por transporte vehicular, delincuencia organizada, electorales, contra las leyes especiales y robo en carretera, aumentaron anualmente 4.3 por ciento.

Delitos federales y contra la salud

La ASF documenta en su informe de la Cuenta Pública 2007 que los delitos federales en la administración calderonista se elevaron en igual proporción que los cometidos por narcotraficantes contra la salud de la sociedad.

En el primer caso el número registrado a diciembre de 2006 fue de 109 mil 629 casos y un año después subió a 137 mil 289. En el segundo, en 2006 se cuantificaron 51 mil 563 y 12 meses más tarde la cifra superó los 81 mil 490.

También se cita un documento de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito y el Instituto Interregional de Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, sobre victimización, nivel de denuncia y percepción de inseguridad. De los 30 países estudiados, México se ubicó en el último lugar de las naciones donde las personas denuncian los delitos de que son víctimas. Esa tendencia se manifestó cuando los ciudadanos se dijeron insatisfechos por la actuación de las policías durante el proceso de denuncia.

En el índice de victimización, el país se colocó en la posición novena, mientras que en el índice de tranquilidad ciudadana la ubicación mexicana correspondió al quinto lugar, porque 37 por ciento de la población manifestó tener miedo o terror en su casa, y 33 por ciento opinó sentirse insegura en las calles. Por lo que toca al nivel de confianza general de la ciudadanía en la efectividad de las policías el sitio que se ocupó fue el penúltimo.

Interconexión de bases de datos

A esta problemática se suma que de cada 100 averiguaciones previas que se inician sólo 23 por ciento son concluidas, y de ellas 52 por ciento llegan a consignarse ante el juez, y sólo en 25 por ciento se dicta sentencia. Otro factor que incide es la falta de oportunidad en la entrega de la información especializada en materia delictiva entre las instituciones que la requieren, debido a que los sistemas y bases de datos que conforman el Sistema Único de Información Criminal del Sistema Nacional de Seguridad Pública carecen de interconexión y metodologías para el uso y la explotación de la información.

Así, el ente fiscalizador apremia al Cenapi y a la PGR para que emprendan las gestiones correspondientes a fin de disponer de la aprobación del Programa Nacional para el Control de Drogas 2007-2012. A diciembre de 2007 el programa referido no se difundió, ni se aplicó, porque no se dispuso su aprobación en los términos establecidos en la ley de planeación.