ebieron transcurrir dos años y tres meses para que los miembros del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Expendios, Servicios y Promotores de Ventas, Conexos y Similares obtuvieran una respuesta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) del Distrito Federal. Después de un auténtico viacrucis, ésta resolvió negar el registro al sindicato, a pesar de que los empleados cumplieron con todos los requisitos señalados en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo al exhibir actas de la asamblea constitutiva y de la elección de la directiva, así como de los estatutos y del padrón de socios.

La negativa de ese registro sindical podría parecernos un hecho irrelevante, ya que son del dominio público las dificultades que sufren los trabajadores para organizarse y celebrar un contrato colectivo legítimo para mejorar sus condiciones laborales. El hecho significativo no es sólo la larga espera, sino los términos en que fue negada: uniéndose los votos de los representantes de los sectores patronal y obrero de la junta especial número 11, Martha Inés Ortiz Natividad y Leobardo Sánchez Maldonado, respectivamente, en contra del representante del Gobierno del Distrito Federal, Jesús Campos Linas, presidente general de la junta, quien emitió un sufragio particular en favor del registro al considerar que habían cumplido todos los requisitos. Se impuso la mayoría y el registro fue negado.

Los trabajadores deberán continuar su largo camino para obtener un reconocimiento que en cualquier país democrático sería un trámite sencillo. Tienen la opción de denunciar a los representantes obrero y patronal ante el jurado de responsabilidades de la propia junta, fundados en el artículo 673 de la ley laboral, la cual señala como causa de destitución votar una resolución notoriamente ilegal o injusta; sin embargo, esta instancia de queja es tripartita, con la misma composición y designación original de las juntas. Paralelamente podrán acudir al amparo ante la justicia federal, pero eso implicará una nueva espera y la posibilidad de que la junta laboral continúe con su aferrada posición de obstaculizar el derecho de asociación.

Las juntas de Conciliación y Arbitraje forman parte de nuestra vieja historia corporativa y se han convertido en un evidente obstáculo para el proceso de modernización del mundo laboral, permanentemente diferido. Decidir sobre un proceso colectivo, trátese de un registro sindical o de un conflicto intergremial, debe corresponder a jueces imparciales, profesionales y ágiles en sus resoluciones. Con el esquema vigente del tripartismo es difícil avanzar en el proceso de democratización laboral que requiere nuestro país. Verse obligado a acudir ante un representante patronal para obtener un reconocimiento registral es tan absurdo como si la Ford Motor Company debiera solicitar ante la Confederación de Trabajadores de México su autorización para funcionar. Esta parcialidad estructural explica en parte el nivel tan deficiente de las juntas de Conciliación y Arbitraje, ya que su tripartismo, además de constituir una simulación, es un gasto innecesario y motivo de lentitud de los procesos.

Una verdadera reforma laboral debe plantear la transformación de los órganos de justicia por medio de jueces verdaderamente imparciales. Existen diversas propuestas en ese sentido: jueces laborales o sociales, autónomos o integrantes del Poder Judicial Federal. El interés por mantener el corporativismo y los circuitos de control y corrupción prevalecientes, de los que son víctimas trabajadores y pequeños y medianos empresarios, ha impedido este avance elemental.

Un elemento clave del pacto corporativo entre los gobiernos y el sistema sindical sustentado en el control y la corrupción son precisamente las juntas de Conciliación y Arbitraje. Mediante éstas se delega a los empresarios y centrales sindicales hegemónicos el impedir la recuperación de sus gremios por parte de los trabajadores. En la propuesta de reforma laboral del Partido Acción Nacional, siendo oposición, se planteó la desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje, sustituyéndolas por jueces de lo social; sin embargo, al asumir la Presidencia en el año 2000 pactó rápidamente con el sistema corporativo alegando que con ello garantizaba la paz social. En realidad se atendió al consejo empresarial, que reclamaba mantener el control vigente de los trabajadores. El temor a que los asalariados pudieran liberar sus ataduras selló ese compromiso, vigente hasta nuestros días. Ello explica la resistencia a retomar en la agenda laboral la verdadera transformación del sistema de justicia.

En los foros realizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno de la reforma judicial fue evidente la opinión mayoritaria en favor de la recuperación de esta función, con el fin de no depender del Poder Ejecutivo, ya sea federal o local, y que fuese incorporada al Poder Judicial. Conviene retomar estas propuestas si realmente deseamos una justicia pronta y expedita. La realidad prevaleciente nos demuestra que seguiremos estrellándonos contra la pared si no se da un viraje hacia auténticos órganos de justicia. El costo que se ha debido pagar para mantener este sistema de simulación es muy alto. Prueba de ello es la desconfianza de la población trabajadora y de los empresarios, especialmente medianos y pequeños, quienes son víctimas de chantajes agravados por el entorno de violencia que priva en dichos tribunales.

La agenda para transformar el mundo laboral no se agota en la necesidad de contar con un árbitro imparcial; sin embargo, es la mejor vía para superar la simulación.