a sido insistente el señalamiento de que la participación militar en el combate al crimen organizado ha sido también causa de violaciones a derechos humanos en varios lugares del país. Ese hecho ha llevado a solicitar que el Ejército regrese a los cuarteles y que las tareas de seguridad pública estén a cargo de instancias civiles debidamente organizadas y coordinadas.
Durante la evaluación de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado 10 de febrero, el gobierno federal entregó un informe en el cual acepta que entre enero de 2007 y julio de 2008 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 15 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) relacionadas con violaciones a derechos humanos vinculadas con la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
En el mismo informe se acepta que entre diciembre de 2006 y mayo de 2008 la CNDH recibió 634 quejas contra miembros del Ejército. Por su parte, la comisión indica en su informe de 2008 que, de los 3 mil 476 expedientes de queja considerados como presuntamente violatorios de los derechos humanos, registrados entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2008, mil 230 señalan a la Secretaría de la Defensa Nacional. Como ya es sabido, durante el examen ante el Consejo de Derechos Humanos fueron emitidas 91 recomendaciones al Estado mexicano, de las cuales aceptó 83 y reservó para su estudio el resto. De estas últimas, cinco son pertinentes para el tema que nos ocupa: tratan sobre el fuero militar y la necesidad de que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean juzgadas por tribunales civiles.
El gobierno mexicano deberá anunciar en julio si acepta las recomendaciones. En caso negativo, deberá presentar las razones para no cumplirlas. Ocho fueron los países que expresaron contundentemente su preocupación por ese tema. La delegación mexicana respondió explicando cómo funciona el fuero militar e informó que en los pasados dos años habían sido iniciados 27 procesos contra 40 militares por supuestas violaciones a derechos humanos. Reportó además que en la investigación de violaciones a los derechos humanos las fuerzas armadas cooperan estrechamente con mecanismos y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales de derechos humanos. Esta respuesta de la delegación mexicana se ve confrontada por las cifras de la CNDH y ha sido puesta en entredicho por la publicación de un informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Pro), en el que se da cuenta de 120 casos de abusos militares reportados por los medios de comunicación entre enero de 2007 y diciembre de 2008.
Los estados donde se ha cometido el mayor número de esos abusos son Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León y Oaxaca. A consecuencia de esos hechos, que consisten en allanamiento de viviendas o cateos ilegales, agresiones físicas, detenciones arbitrarias y ataques con armas de fuego, 11 personas perdieron la vida en 2007 y 17 en 2008. En estos 120 casos, al menos 309 personas han sido víctimas de algún tipo de abuso. Todo ello debido a la participación de las fuerzas armadas en los operativos contra la delincuencia organizada. Algunos casos han tenido repercusión en la opinión pública y otros han sido menos visibles. Sin embargo, en todos hay una constante: la impunidad, que encuentra un terreno fértil en la ausencia de controles civiles sobre el Ejército. Uno de ellos es impugnado en el informe mencionado: la extensión de la jurisdicción militar sobre delitos que constituyen violaciones a derechos humanos y que no tienen relación con la disciplina militar. Ésta ha sido una práctica sistemática que afecta gravemente los derechos de las víctimas, al impedirles que tengan acceso a la justicia. Lo peor es que ésta ha sido permitida por la pasividad de las instancias civiles de procuración y administración de justicia, que casi en automático remiten a las instituciones militares los casos en los que civiles resultan víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
Esta circunstancia, en la experiencia del Centro Pro y de otras organizaciones mexicanas de derechos humanos, es lamentable porque la justicia militar carece de independencia e imparcialidad para investigar esos hechos y procesar a los presuntos responsables, que forman parte de la misma institución que investiga y juzga. En innumerables ocasiones se ha pedido a la Sedena que se abstenga de indagar hechos que involucran a civiles y que los responsables sean puestos a disposición de la autoridad civil competente. Pero ni esa secretaría ni las autoridades civiles involucradas, como la Procuraduría General de la República o las procuradurías estatales, han asumido sus respectivas responsabilidades, con el fin de esclarecer los hechos en el ámbito civil.
Esto es lo que ha motivado la preocupación de varios países y de organismos regionales y universales de derechos humanos, que han llamado la atención sobre la indebida extensión del fuero militar, poniendo incluso como ejemplo a países de la región que han ya separado claramente el fuero civil del militar, sobre todo cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. Considerando que es necesario dar pasos en México hacia la creación de condiciones que permitan a las víctimas de abusos cometidos por personal militar acceder a la justicia, el Centro Pro, Fundar y familiares de algunas de estas víctimas han decidido solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise la constitucionalidad del Código de Justicia Militar. Le han pedido, en concreto, que revise la constitucionalidad del artículo 57, fracción segunda, inciso A, de dicho código, pues es invocado por el Ejército para atraer la investigación de cualquier hecho en el que esté involucrado alguno de sus elementos. Sin embargo, la reciente actuación del máximo tribunal ha sido hasta ahora contradictoria en materia de derechos humanos. La nueva controversia le proporciona la posibilidad de contribuir a la vigencia de los derechos humanos. Ojalá lo haga.
