En un operativo realizado la madrugada del viernes en el barrio de La Merced, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) aprehendió a 28 integrantes de una banda dedicada a la explotación sexual de mujeres y rescató a 45, de las cuales cinco son menores de edad, además de asegurar el bar El Capricho y los hoteles Madrid y Universo, donde mantenían encerradas a las jóvenes.

Al respecto, la consejera jurídica Leticia Bonifaz explicó que de configurarse el delito de trata de personas y acreditar que los hoteles donde se encontraban eran utilizados como instrumento u objeto para la comisión de dicho ilícito, la procuraduría capitalina, con base en la Ley de Extinción de Dominio, podrá solicitar la expropiación de los inmuebles, a fin de que sean destinados al bienestar social.

Sería la primera vez que se aplique tal medida sin la contraprestación o pago alguno para los propietarios, sustentada en la ley que entró en vigor el 9 de marzo, precisó.

Por la tarde, en conferencia de prensa, el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, aseveró que los detenidos obligaban a las jóvenes –provenientes principalmente de Tlaxcala y Puebla– a prostituirse y les exigían cuotas hasta de 10 mil pesos diarios, con amenazas de ser golpeadas o hasta de muerte.

De acuerdo con el procurador, los detenidos podrían afrontar cargos como trata de personas, lenocinio, corrupción de menores, asociación delictuosa, delincuencia organizada e incluso homicidio, pues una de las líneas de investigación es la responsabilidad de algunos de ellos en el asesinato de jóvenes, por lo que en las próximas horas se determinará si se solicita el arraigo o se ejercita acción penal.

Detalló que estos hombres contactaban a sus víctimas en provincia, con quienes mantenían una relación sentimental y con engaños las traían a la ciudad de México, para explotarlas sexualmente; si se trataba de menores, conseguían credenciales de elector falsas, con el fin de hacerlas pasar como mayores de edad.

Entre las jóvenes rescatadas hay adolescentes de 14 años y otras padecen enfermedades venéreas. Cobraban entre 120 y 150 pesos por encuentro sexual, aunque la tarifa alcanzaba 350 pesos cuando se trataba de menores de edad.

Las menores serán atendidas en un albergue especial para la trata de personas, donde recibirán atención sicológica profesional, en tanto se intenta contactar a los padres, que en muchos casos tienen la idea de que sus hijas huyeron con el novio.

El operativo, que se realizó en las calles de Topacio y San Pablo, se derivó de una denuncia presentada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y diputados locales. Participaron policías judiciales, abogados, sicólogos y personal de diversas áreas de la procuraduría.