Tras confirmar que este año se aprobaron 4 mil 137 millones 900 mil pesos para otorgar subsidios a los municipios y al gobierno del Distrito Federal, con el propósito de garantizar la seguridad pública en sus territorios, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) que entregue el listado de las localidades donde se distribuyeron recursos conforme a las reglas del fondo Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun).

En el recurso 263/09, que no se debatió en la sesión pública de ayer en el instituto, se destaca la aprobación de una bolsa por 376.2 millones de pesos para salvaguardar los derechos e integridad de los habitantes de estados y municipios conurbados, con destinos turísticos y de zonas fronterizas.

Según la resolución del IFAI, a cargo del comisionado Alonso Lujambio, la SSP federal debe detallar la fórmula utilizada para la selección de los municipios y estados, en la que debe considerarse el número de habitantes e incidencia delictiva.

Sin embargo, conforme a las normas establecidas, corresponde al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras atribuciones, supervisar la correcta aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, por lo cual el solicitante de esa información debe acudir a dicha instancia.

El secretariado recibe de los estados y municipios informes trimestrales sobre los movimientos de sus cuentas, la situación en el ejercicio de los recursos y su destino, incluso los comprometidos, devengados y pagados.

Por otro lado, se confirmó la confidencialidad del expediente del presidente Felipe Calderón, generado por la lesión en su hombro a raíz de su caída en la bicicleta, por tratarse de datos personales.

En el recurso 0425/09, a cargo de Jacqueline Peschard –que tampoco se discutió en el pleno–, se consigna que fue el Estado Mayor Presidencial, y no la Unidad de Enlace de la Presidencia, el que emitió la declaratoria de confidencialidad, conforme a lo establecido en el artículo 37 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia, el cual señala que la información confidencial no estará sujeta a plazos de vencimiento y tendrá ese carácter de manera indefinida.

Además, el pleno del IFAI ordenó a la Policía Federal Preventiva (PFP) que informe del número de agentes que reprobaron el examen de confianza, en particular del estado de Chihuahua.

Aun cuando la PFP se declaró incompetente, el ponente del recurso 5696/08, Alonso Gómez Robledo, demostró que tan sólo en aquella entidad la PFP efectuó en 2008 un total de 260 evaluaciones, resultados que remitió a la dependencia estatal.

Además, según consta en la partida 2502 del Presupuesto de Egresos de la Federación, sólo en octubre de 2008 la PFP erogó 10.1 millones de pesos para realizar las pruebas respectivas.

En el recurso –que tampoco se discutió en la sesión– se señala que la dirección general de Control de Confianza de la PFP es la responsable de aplicar dichos exámenes, e ilustra: tan sólo en 2007 aplicó mil 726 a aspirantes a integrarse al curso de formación de policía con perfil investigador.