éxico vive momentos de alto riesgo. Cuando arrecian recesión, desempleo y flaquean los alfileres que sostienen la economía por la caída de petróleo, remesas, turismo y exportaciones, las imprudentes y desatinadas políticas económicas neoliberales y de seguridad del calderonismo nos colocan en serio predicamento. Se privatiza y extranjeriza la renta petrolera; se aplican medidas procíclicas; se arremete contra salario, agricultura, derechos laborales y el aparato productivo en un esquema que anualmente expulsa a 600 mil mexicanos de su espacio nacional. Con la válvula cerrándose por el colapso del empleo en Estados Unidos, a diario aumenta el riesgo de explosión social, en especial en la frontera norte. Mientras, la inconstitucional militarización de la campaña contra el narcotráfico y crimen organizado, tareas exclusivas de entes civiles, alentada por Estados Unidos y Los Pinos, se hunde en un baño de sangre, debilita la función de defensa nacional y gesta una debacle de derechos humanos.

En medio del torbellino, el almirante Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, apologista del Plan Colombia, de visita la semana pasada nos avisa que las fuerzas armadas a su cargo “están listas para ayudar a México en su guerra contra el narco con tácticas de contrainsurgencia como las empleadas contra los rebeldes de Irak y Afganistán”. La declaración es ominosa. Anuncia la ocupación militar con operaciones de inteligencia y patrullajes terrestres, aéreos y navales conjuntos. En Irak y Afganistán Estados Unidos no enfrenta a rebeldes sino a los pueblos organizados como resistencia armada ante una atroz petro-guerra y ocupación militar.

En México el plan de juego del Pentágono incluye, como en Colombia, la Iniciativa Mérida que no ataca las raíces ni los pilares de la criminalidad y el narcotráfico: o los deja intactos o los acicatea y utiliza como excusa para militarizar e intervenir junto al despliegue de bases, esquemas portuarios y empresariales de dominio económico/territorial sobre recursos humanos y naturales.

Ante los riesgos de usar al Ejército Mexicano como eje de la lucha contra el crimen organizado, terrorismo y narcotráfico, Dominique De Villepin, ex primer ministro de Francia, consideró necesario advertir a Los Pinos en 2008, en una conferencia magistral en la sede del PAN, que en esa campaña “la militarización no tiene que ser el elemento central… ya que tiene consecuencias”, e insistió en la importancia de poner adelante los elementos de inteligencia y financieros, económicos. Esto, según De Villepin se acompaña con la estrategia de seguridad y militar.

Para Edgardo Buscaglia del ITAM, asesor de la ONU en estos temas, la violencia desatada revela que la política de enfrentar la delincuencia organizada no es la correcta, ya que privilegia la militarización y no atiende las causas que originan el crimen y el narcotráfico. El resultado, dijo Buscaglia hace un año, está a la vista y puede recrudecerse si no se replantea el camino, si no se trata de desmantelar la red en que se sostienen los grupos criminales, en vez de militarizar, de atacarlos con efectivos y buscar su encarcelamiento como ocurrió en Colombia. Diego Valadés, de la UNAM, advierte de la inconstitucionalidad de esta militarización a lo que se agrega el peligro golpista por los desequilibrios cívico-militares inducidos en México cuyos efectos en Estados Unidos serían de largo alcance en lo social y político.

Advertencias todas de innegable urgencia, pero desoídas. Sin noción de razón de Estado y con levedad, Calderón abre de par en par las puertas a la injerencia del Pentágono. Además, de manera temeraria, en medio de una de las crisis económicas mundiales más severas de la era moderna, aplica políticas recesivas, antipopulares y entreguistas, no sólo en materia petrolera, alentando tensiones de clase y el caldo de cultivo de los males que dice combatir. Mientras México estalla, el panista lo sirve a Washington en bandeja de plata.

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