l presidente Sarkozy no se le reprocha la firmeza con que defiende a su compatriota Florence Cassez, sentenciada por secuestro, pero sí la notoria falta de prudencia para convertir un asunto penal en el tema central de su visita oficial a México. Como si México y Francia no tuvieran una agenda bilateral prometedora, a la vez rica y compleja, Sarkozy prefirió el juego mediático para anotarse unos puntos en el marcador, demostrando así que el populismo no tiene patria y es tan común como la política misma. No soy el hombre de la impunidad para nadie, pero al mismo tiempo tengo una responsabilidad con mis conciudadanos, hagan lo que hayan hecho (sic), dijo ante el Senado de la República, opacando otros pasajes de su elaborada pieza oratoria, incluido aquel timbrazo al nacionalismo local donde aseveró que el mundo espera más de México, al reclamar el muy discutible envío de tropas nacionales a las cuestionables operaciones militares de paz emprendidas por Estados Unidos y sus aliados europeos bajo la bandera de la ONU. Pero la alusión a Cassez lo borró todo y marcó la jornada. Sarkozy, el campeón de las liberaciones difíciles, actuaba de nuevo, aun cuando el problema de marras discurre con normalidad a través de los canales diplomáticos y judiciales correspondientes.

No obstante, el mandatario no consiguió regresar a París con Florence Cassez. Para bien o para mal, México no es Chad, aunque sí obtuvo del presidente Calderón la promesa de instalar una comisión de trabajo para revisar la convención sobre transferencias de personas condenadas (1983) mediante la cual la ciudadana francesa podría purgar la condena en una cárcel de su país. Si bien existen bases legales para solicitar la transferencia (que no la extradición), también es cierto que toca a las autoridades mexicanas examinar dicha petición (cuando ésta se produzca formalmente), ofreciendo la respuesta que en derecho corresponda, sin necesidad de pasar por el tamiz de una comisión cuya única finalidad parece ser la de negociar el pronto traslado de la detenida a Francia. Pero si, como asegura la CNDH, “el gobierno de Francia tiene la opción de hacer que se dé cumplimiento al castigo impuesto por jueces mexicanos, o también, por decisión unilateral de aquel país, la de convertir esa condena –mediante un recurso judicial o administrativo– en otra que, para el caso, puede ser de 20 años o incluso menos de prisión, de acuerdo con el capítulo IV del Código Penal de ese país” (La Jornada, 10/3/09), es evidente que el traslado sería una forma elegante de favorecer la impunidad.

En el fondo, más allá de los vericuetos de la ley, en Francia está arraigada la idea de que la secuestradora es, en realidad, una víctima inocente. A ello ha contribuido –y cómo no– la desaseada acción del aparato de seguridad y justicia que, al fabricar las noticias instantáneamente crea las dudas razonables que acompañan este lamentable asunto, toda vez que se han puesto en evidencia prácticas incompatibles con el estado de derecho, como ocurrió con la captura televisada de Cassez y su socio.

En estos días, la prensa francesa ha recogido los comentarios de expertos y corresponsales en los cuales se afirma que las incoherencias de la acusación son suficientemente numerosas para impugnar de manera efectiva su condena. Desestiman los testimonios de las víctimas, pues muchos parten del hecho de que en general, la justicia mexicana es corrupta, como todas las instituciones, y aunque no niegan que la aplicación del Convenio de Estrasburgo equivaldría a admitir la culpabilidad de Cassez, también reconocen que ese sería un mal menor: Evidentemente, tendrá que sacrificar su honor a su eventual libertad. (L’Express).

Como sea, los titubeos del gobierno mexicano y la prepotencia de Sarkozy demuestran hasta qué punto la desconfianza en la justicia se está convirtiendo en un factor que afecta estratégicamente al Estado mexicano. Como ciudadanos, nos puede disgustar que otros aludan a la corrupción para proteger sus intereses, pero no nos puede sorprender que el argumento se use cada vez con mayor frecuencia para sacar ventajas marginales de nuestras crecientes debilidades. La imagen de México en el mundo no se ha deteriorado como resultado de las campañas en su contra o de su aislamiento, sino por la acumulación de problemas no resueltos que las elites se empeñan en minimizar y cuya resonancia global es cada día mayor y más destructiva. La enorme desigualdad social, la polarización y la violencia no son males coyunturales sino una tragedia permanente, estructural, que pone en riesgo la viabilidad del país soberano, democrático e independiente que hace dos siglos comenzó a respirar. Eso es lo que debería preocuparnos.

Cuando la prensa francesa se hace eco del malestar nacional y afirma que la justicia mexicana, al igual que todas las instituciones de este gran país, es inoperante, no hace otra cosa que poner en blanco sobre negro lo que todos sabemos, aunque en este caso –la liberación de una secuestradora– los motivos parezcan más bien espurios y de tal premisa no se deduzca su inocencia.