Cuernavaca, Mor., 11 de marzo. El Consejo de Pueblos de Morelos en Defensa del Agua la Tierra y el Aire, la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local y la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) del estado acusaron de negligencia y omisión al gobernador panista Marco Antonio Adame Castillo, así como a los diputados estatales del Partido Acción Nacional (PAN), a quienes responsabilizaron del asesinato de Efraín Soberanis Sánchez, representante de la comunidad de Hueyapan, municipio de Tetela del Volcán, perpetrado el martes pasado.

Diputados y activistas consideraron que el gobierno estatal se ha negado a atender el conflicto por el agua en Tetela por discriminación a los indígenas.

El secretario general de Gobierno, Jorge Morales Barud, se negó a hablar del tema, y Adame Castillo ni siquiera lo mencionó en ninguno de los discursos que pronunció al inaugurar obras públicas este miércoles. Mientras, el conflicto en Tetela del Volcán mantiene sin agua a más de 9 mil habitantes de Hueyapan.

Ninguna línea clara de investigación: PGJE

El procurador estatal de justicia, Francisco Coronato Rodríguez dijo que aún no hay una línea de investigación sólida sobre el asesinato de Efraín Soberanis, aunque no descartó que esté relacionado con la disputa por el agua entre la cabecera municipal de Tetela del Volcán y Hueyapan.

Según peticiones de 29 comunidades afiliadas al Consejo de Pueblos (entre ellos Tetela y Hueyapan) presentadas ante el gobierno y el Congreso de Morelos, un punto de acuerdo de la fracción parlamentaria del sol azteca y copias de quejas interpuestas ante la CIDH, el conflicto por el agua se agudizó en Tetela hace nueve años, pues el gobierno estatal y la Comisión Nacional del Agua otorgaron indiscriminadamente permisos para que empresas constructoras edificaran fraccionamientos que han sobrepoblado Morelos y eso ha hecho que a varios pueblos no les llegue el agua.

El consejo de pueblos ha exigido desde hace 18 meses a las autoridades estatales que detengan el deterioro ambiental en Morelos, pero Adame Castillo no los atiende porque discrimina a la gente indígena, y cuando ésta se pelea por agua, por tierras o sale a marchar, se le acusa de violenta y bárbara, dijo José Martínez Cruz, de la CIDH.

En mayo de 2008, ante la escasez de agua que padecen los 29 pueblos indígenas y las disputas por el control de manantiales, la fracción del PRD presentó un punto de acuerdo en el cual exigió al gobierno de Morelos, así como a las dependencias federales y estatales administradoras del agua, que garanticen a los afectados el derecho al líquido.

Asimismo, pidió solucionar los conflictos por manantiales y prohibir las concesiones de pozos a nuevas unidades habitacionales hasta que se garantice el derecho de las comunidades indígenas al suministro de agua.

Sin embargo, el punto de acuerdo no se aprobó porque los diputados panistas, que son mayoría en el Congreso local, aseguraron que el gobierno del estado no tenía dinero para garantizar el abasto.

El Consejo de Pueblos de Morelos presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra las autoridades mencionadas. Casi 10 meses después, el ombudsman estatal no ha dado respuesta a los inconformes.