El pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó, por mayoría, un exhorto a la Cámara de Diputados para que se vote en contra la iniciativa de ley para eliminar la tenencia vehicular, pues de aplicar a partir de este mes crearía un boquete económico en las finanzas no sólo de la ciudad de México, sino del resto de las entidades.

Enrique Vargas, presidente de la Comisión de Hacienda fue quien presentó en tribuna el correspondiente punto de acuerdo, en el cual afirma que esa derogación implicaría pérdidas por 30 mil millones de pesos a nivel nacional, y el Distrito Federal resultaría ser el más afectado al sufrir un quebranto de cinco mil 271 millones de pesos.

En el caso de la capital, estos recursos son utilizados para financiar tanto al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro como para la realización de acciones de vialidad dentro del programa de obra pública, refirió.

Dijo que la iniciativa que promueve el diputado federal por el PAN, Gerardo Buganza Salmer, no es más que una decisión de carácter meramente electoral, por parte del partido en el gobierno, sin mediar una propuesta para resarcir dicha pérdida.

El punto de acuerdo aprobado con la votación en contra del albiazul también contempla la adhesión del órgano legislativo al proyecto de decreto que reforma la Ley de Coordinación Fiscal, donde se propone aumentar el porcentaje de distribución de la recaudación federal para las entidades de del 20 al 30 por ciento para constituir el Fondo General de Participación.

A su vez, el Gobierno del Distrito Federal consideró que la derogación de dicho impuesto sería no sólo un problema de los estados, sino del país, que pegaría a todos, sobre todo a las entidades cuyos ingresos propios dependen 30 por ciento de su cobro, mientras en la ciudad es de 8 puntos porcentuales, colocándonos en una situación de riesgo fiscal.

En ese sentido, calificó de muy irresponsable y preocupantes las declaraciones del presidente Felipe Calderón, en torno a la desaparición de la tenencia, porque pondría en riesgo los recursos que se entregan a las entidades federativas, cuando ya de por sí las participaciones federales cayeron 20 por ciento en el primer bimestre del año; y afectaría el subsidio que se otorga al transporte público local, para mantener una tarifa de dos pesos.