Después de un largo proceso legal, el Instituto Federal Electoral (IFE) decidió realizar sólo una amonestación pública a los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) por beneficiarse de la campaña ilegal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) contra el otrora candidato presidencial por la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.

Durante una de las dos sesiones extraordinarias que realizó el Consejo General del IFE se acataron varias de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), algunas relacionadas todavía con recursos legales interpuestos contra la guerra sucia de las campañas, incluida la secuela de los promocionales del CCE.

De manera inusual, el IFE modificó una multa a la coalición Por el Bien de Todos por mensajes en contra de la campaña a diputada de la priísta Martha Tamayo, que se redujo de 1.7 millones de pesos a 137 mil. Otra sanción estuvo relacionada con la contienda al Senado en Baja California, que se redujo de 274 mil pesos a una amonestación pública por acusaciones contra candidatos del PRI, por parte de la coalición Por el Bien de Todos.

En este contexto, el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar aprovechó para cuestionar el desempeño del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, quien introdujo tales cambios en detrimento, dijo, del desempeño del IFE. Yo creo que no es legalmente procedente que el secretario ejecutivo cambie el monto de las sanciones, que ya se habían presentado y retirado, en sesiones anteriores.

En su afán por defender la postura asumida, Jacobo Molina habló de que se habían modificado, en algunos casos, con fundamento en el desenlace de otros recursos que derivaron en amonestaciones públicas y, en otros casos, por la aportación de algunos consejeros electorales.

La respuesta pareció insatisfactoria a Gómez Alcántar, quien anunció que presentará un voto particular en contra, porque considero que el cambio de sanción es un tema ilegal.

Al referirse a las campañas sucias, el consejero sugirió que con multas tan bajas –tras una reducción de 95 por ciento–, que definió como un precedente lastimoso, se anula la pretensión del IFE de utilizar esta vía como una forma de inhibir que los partidos y candidatos incurran en calumnias durante las campañas.

El consejero dijo que ese era un precedente preocupante, porque va a resultar más barata la guerra sucia en lo futuro, ante lo cual salió en defensa el consejero presidente, Leonardo Valdés, quien dijo que el IFE está aplicando la legislación vigente, buena parte de ella, emanada de la reforma electoral aprobada recientemente.

Esta resolución no tiene porqué ser considerada un precedente para alentar o como un incentivo para que se lleven a cabo acciones propagandísticas por parte de los partidos políticos que vulneren la legislación electoral vigente, dijo Valdés.

En el caso de las amonestaciones públicas al PRI, PAN y PVEM, éstas no fueron sujetas a debate, en parte por tratarse de un acatamiento de sentencia del TEPJF. Sólo en eso quedó la sanción de las acciones ilegales del CCE.