Ciudad Juárez, 8 de marzo. Esther Chávez Cano recuerda la tarde de 1996 en que llevó al reportero a conocer a la familia de una de las primeras muertas de Juárez: Te dije que esa impunidad iba a convertir a esta ciudad en un horror.

Le pesa a Esther haber tenido razón: No le veo el final a esta guerra; no sé cómo la van a ganar.

A sus 74 años, merecedora del Premio Nacional de Derechos Humanos hace unos meses, a Esther no le queda mucho de qué impresionarse. Por sus manos han pasado, literalmente, cientos si no miles de mujeres ultrajadas, reinas de los moretones. Por su Casa Amiga, ahora un edificio hermoso construido ex profeso, conseguido por ella a fuerza de terquedad, pasaron en el terrible 2008 de Ciudad Juárez casi 7 mil 500 mujeres víctimas de violencia doméstica. Fueron atendidas por una veintena de profesionales y 60 voluntarios.

Las raíces de esta guerra están dentro de las casas, dice Esther, empeñada en que la matanza de todos los días no le nuble el coraje: No me quiero acostumbrar a los muertos, no lo haré.

Y pasa a narrar los casos espeluznantes que siempre tiene sobre la mesa, las raíces de esta guerra: como el de un niño de 10 años, a quien su padre y su tío hicieron alcohólico. O el de un violador que fue detenido, tras 12 años prófugo, sólo después de que ella informó a las autoridades dónde encontrarlo. “Un procurador me llegó a decir: ‘Esthercita, cuando encuentre a ese José me avisa’.”

Hace ya tres años que la Casa Amiga no atiende sólo a mujeres. Tiene ahora un programa para adolescentes problema: talleres que desde un enfoque de género abordan la violencia doméstica, el abuso sexual y los derechos sexuales y reproductivos. El programa comenzó porque la orientadora de una escuela secundaria cercana no sabía qué hacer con los alumnos violentos. Se ha extendido a otras escuelas y a muchachos que llegan por su cuenta.

Los chavos llegan huraños, pero los talleres han resultado tan exitosos que muchos regresan a colaborar de voluntarios.

Les pedimos, por ejemplo, que nos traigan recortes de periódico con las noticias sobre violencia que les llamen la atención, y nos traen el periódico entero, dice la sicóloga Lydia Cordero.

–¿Les preguntan quienes han usado un arma?

–La mayoría de los hombres saben cómo funciona un arma, se las comparten en la escuela.

–Y cuando les preguntan quiénes han presenciado un hecho violento, ¿cuántos levantan la mano?

–Todos.

Al principio de los talleres, dice Cordero, los jóvenes hablan de pandillas, asaltos y balaceras, como si hablaran de ir por un helado. Les parece algo absolutamente normal. Hacia el final de los talleres, ocho de cada 10 muchachos han aprendido que la violencia no es parte de la naturaleza.

Vuelve a la palabra Esther, sobre los más jóvenes: “¿Qué generación va a resultar de esta matanza? ¿Qué va a ser de los huérfanos del narco? Aunque esto se arregle, esta generación ya viene dañada”.

¿Juárez es una ciudad sin ley?, se pregunta a Esther, la víspera de su quimioterapia, porque ahora libra ahora su personal guerra contra un cáncer que no le quita las ganas de construir otra casa y un refugio para niños abandonados.

¿Ciudad sin ley?, se repregunta Esther. ¿Pues cuándo la ha habido?

La Juárez que no quisieron ver

Catastrofistas han llamado siempre empresarios de las maquiladoras y políticos de PRI y PAN, que en Juárez se alternan el poder, a los académicos y oenegeneros que en foros nacionales o internacionales presentan el desolador panorama social de esta ciudad.

Lourdes Almada, participante en las Casas de Cuidado Diario, recuerda choques con el anterior alcalde Héctor Teto Murguía, ahora aspirante a la gubernatura, quien afirmaba, frente a la evidencia del atraso en muchos rubros sociales, que Juárez tiene los mejores indicadores.

Durante su administración, Murguía puso en marcha el programa Después de las 10 en casa es mejor. A partir de mayo de 2007, hubo toque de queda para los menores de edad después de las 10 de la noche. Ideado por el sacerdote Mario Manríquez, el programa derivó en detenciones ilegales y en abusos sexuales contra niñas. Los menores eran aprehendidos aun cuando vistieran uniformes escolares por la misma policía municipal que ahora tiene prohibido detener camionetas sospechosas.

Militares sobrevuelan el penal de Juárez, donde el miércoles pasado una riña entre reos dejó al menos 20 reclusos muertos y cinco lesionadosFoto Reuters

Los gerentes de la industria maquiladora se quejan de que se les pretenda culpar de todos los males de Ciudad Juárez cuando ellos son su motor económico.

Lo único que ofrecen es empleo, como si la gente sólo necesitara tener un trabajo y no dónde vivir, dónde educar y cuidar la salud de sus hijos, dónde distraerse, señala Lourdes Almada.

Los datos que no gustan a empresarios y políticos están, por ejemplo, en el informe La infancia cuenta en México 2008, de la Red por los Derechos de la Infancia. En el documento se califica a los estados del país con base en 12 indicadores claves sobre pobreza, salud y educación, además de “factores de riesgo y oportunidad tales como la violencia, el embarazo precoz, la proporción de adolescentes que no estudian ni trabajan… factores que afectan directamente la vida de niños, niñas y adolescentes”.

Chihuahua, con el peso demográfico que Ciudad Juárez da a sus cifras, ocupa el lugar 31 del país, sólo encima del estado de Guerrero. Es decir, está entre las entidades donde la infancia tiene las peores condiciones de vida.

A partir de datos oficiales, el informe indica que Chihuahua ocupa el lugar 29 en vacunación y el 23 en mortalidad por causa externa. La menor cobertura y la mayor deserción en educación primaria de toda la franja fronteriza corresponden también a la entidad.

En los últimos años, Chihuahua ha estado en los primeros lugares en suicidios de adolescentes. Y tiene, además, una tasa de 15.6 adolescentes asesinados por cada 100 mil, muy por arriba de la media nacional (5.7).

Las cifras dan apenas una idea de una Ciudad Juárez que políticos y empresarios nunca quisieron ver, y que ahora tienen que ver porque la violencia les tocó a ellos también, como señala Almada.

Por estos días, por ejemplo, tocó a la magistrada del Supremo Tribunal de Justicia Estatal Flor Mireya Aguilar Casas, secuestrada por unas horas el pasado 26 de febrero, y liberada presuntamente luego de que su familia pagó un rescate en dólares.

Aguilar Casas alcanzó notoriedad, pues le correspondió juzgar algunos de los asesinos de mujeres. Fue el caso de Latif Sharif, El Egipcio, sentenciado por la magistrada, quien murió en prisión clamando su inocencia. Altos funcionarios federales decían, por lo bajo, que Sharif había sido un chivo expiatorio.

Alcanzadas por la violencia, las fuerzas federales y estatales han optado por cuidarse ellas y a sus jefes, y la ciudadanía, que se cuide sola, expresa la activista Cipriana Jurado.

La sede de la Procuraduría General de la República, por ejemplo, cuenta ahora con una barda enorme. Se han registrado ejecuciones a unos pasos sin que nadie se asome a ver qué pasa.

Enfrentar la violencia reforzándola

A los dos días de la Cumbre de Seguridad, en los diarios locales se celebra, mediante desplegados, el logro principal: Arribarán 5 mil efectivos más del Ejército. En la inserción, con los logos de los gobiernos estatal y municipal, así como los de todas las dependencias federales involucradas, se invita a los ciudadanos a colaborar mediante la denuncia anónima, llamando al 089.

La prisa de las autoridades por festejar los logros deja en segundo plano la claridad: “Entre los acuerdos está la decisión de enfrentar a la violencia reforzándola…”

¿Cuántos muertos van? “Ya perdimos la cuenta, 30, 40, 50…”, responde Gertrudis, hermana de un hombre asesinado, sobre los muertos en su colonia. Un mes antes de ese crimen, ella vio llegar a su hijo adolescente como santo Cristo. Un grupo de cholillos, dice, ocupa una casa abandonada cerca de la suya. Cuando su hijo pasaba por ahí, lo metió y le puso una golpiza. Gertrudis dice que en esa casa se oyen gritos y golpes, que una vez vio salir a una muchacha, en actitud extraviada, y que pronto la volvieron a meter con violencia. Pero lo que menos se le ocurre es llamar a la policía.

Los juarenses no consideran leyendas urbanas las historias de los ciudadanos que llamaron para hacer una denuncia anónima y horas después fueron asesinados.