Los operativos militares contra la delincuencia organizada emprendidos por el gobierno federal han propiciado graves violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía, entre cuyas víctimas destacan en primer lugar los indocumentados, revela un informe que presentará este lunes el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

La organización civil desarrolló una investigación en la que analizó los primeros dos años de la estrategia contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón, en la que también aparecen como víctimas policías y empleados locales, mujeres, jóvenes, menores de edad, periodistas e indígenas.

El informe plantea que la tarea realizada por las fuerzas armadas, en el marco de las democracias contemporáneas, debe apegarse al cumplimiento de la ley, a la división republicana de poderes y al respeto a las garantías fundamentales. Lo que resulta pertinente en nuestro país debido a la creciente injerencia militar en tareas de seguridad pública y a las violaciones de derechos humanos ocurridas en este contexto.

Los afectados, personas de sectores vulnerables

En un avance del reporte, titulado ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, la ONG da a conocer que en los casos que ha acreditado violación a los derechos humanos perpetrada por elementos de las fuerzas armadas las víctimas de éstos son en su mayoría personas de sectores vulnerables.

De acuerdo con el análisis, el primer lugar en torno a estas violaciones lo ocupan los migrantes indocumentados, pues entre los casos revisados por el Centro Prodh, se encontró que 106 personas sin documentos han sido víctimas de agresiones, tratos crueles y otros delitos por parte de elementos castrenses.

En una gráfica también aparecen 80 policías y empleados públicos estatales y municipales a quienes en el marco de los operativos contra la delincuencia organizada el Ejército ha vulnerado sus garantías.

Las fuerzas armadas también han agredido y abusado de 66 hombres de diversas ocupaciones. 22 jóvenes se encontraron en la misma situación durante los dos primeros años de la administración calderonista y su guerra contra el narcotráfico.

El informe del Centro Prodh indica que 16 mujeres, 12 menores, siete periodistas y otros tantos indígenas también han sido víctimas de las acciones del Ejército.

En reiteradas ocasiones y con base en diversos tratados y acuerdos internacionales que México está obligado a cumplir, el Centro Prodh ha exigido que se remueva al Ejército de las labores de seguridad pública, además de que a fin de contrarrestar la impunidad en la que se hallan los crímenes de soldados contra la población, esos hechos deben ser asumidos por las autoridades civiles.