l lema electoral de una de las planillas que dentro del PRD compite por las candidaturas para los cargos públicos que estarán en juego en julio de este año –diputados federales, locales y jefaturas delegacionales– es en legítima defensa de la economía popular
; el lema no puede ser más oportuno, como hacía mucho tiempo no sucedía, es indispensable que el pueblo se defienda de la agresión feroz a su economía y a su bienestar general, agresión que viene de causas externas, pero también de acciones de malos mexicanos sin sentido de solidaridad con sus conciudadanos y especulan al amparo de leyes permisivas y sistemas financieros que les permiten sacar ventaja de la crisis: a río revuelto ganancia de perversos pescadores.
La ruptura pega a todos por igual, excepto a quienes están en la cúspide de la pirámide económica y que tienen oportunidad, sin arriesgar un pelo de su cabeza, de comprar dólares y esperar que el precio de estos siga a la alza para que, ellos, en un abrir y cerrar de ojos, obtengan, a costa del pueblo, ganancias tan espectaculares como inmorales.
Sin embargo, abajo, no todos reaccionan igual. Los ciudadanos del Distrito Federal, los más politizados e informados del país, actúan en legítima defensa de su economía; hay muchos ejemplos: ante cobros excesivos de servicios que les prestan las autoridades, acuden a los tribunales de lo contencioso administrativo, lo mismo a nivel local que federal, litigan para defenderse de los altos costos que les representan impuestos mal programados e inequitativos.
Pero litigan también cuando las autoridades planean y pretenden llevar a cabo obras que más que servir a la comunidad tienen como finalidad agotar el presupuesto, del que seguramente algo queda en comisiones y beneficios indirectos, pero que tiene también mucho de oportunismo electoral.
Es el caso de la delegada en Miguel Hidalgo, que pretende a toda costa llevar a cabo obras viales en Polanco, en contra de la oposición tenaz y valiente de los vecinos, que en su legítima defensa, no sólo expresan en carteles, mantas y manifestaciones diversas su inconformidad con el capricho de la funcionaria pública, sino que han acudido, bien asesorados, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que por lo pronto les ha dado la razón y ha ordenado parar las obras.
Otro instrumento de legítima defensa, al alcance de la mano de los ciudadanos, es el ya próximo proceso electoral en el que se renovarán diversas autoridades, en especial, precisamente, las administrativas en las delegaciones de la ciudad de México; ahí estarán ante los jurados, que en este caso son todos los votantes, sentadas en el banquillo de los acusados, todas las autoridades que tuvieron durante tres años en sus manos administrar los bienes colectivos que la ley pone bajo su responsabilidad.
En las próximas elecciones los habitantes de las delegaciones calificarán con su voto el buen o el mal uso que se haya dado de las facultades, patrimonio y poderes que tienen los gobernantes. Seguramente, al momento de apoyar o rechazar a tal o cual candidato y principalmente al momento de poner sobre la boleta electoral la cruz que indica por que emblema partidista o por que persona se inclinan, tendrán en mente lo positivo que se haya hecho, los problemas resueltos, los servicios prestados, pero también, por contraparte, los engaños, las falsas promesas, las ineptitudes, los grandes negocios, especialmente en el área inmobiliaria, las talas de árboles, las autorizaciones de uso de suelo indebidas y en general todas aquellas decisiones que en lugar de beneficiar a los vecinos y pobladores, les haya perjudicado.
Es el momento de la legítima defensa, en lo económico y en lo político y uno de tantos instrumentos posibles para esta acción defensiva, será el proceso electoral que ya está a la vuelta de la esquina.
