El Senado de la República exigió ayer a la Cámara de Diputados que dictamine la reforma constitucional sobre salarios máximos de los funcionarios públicos, la cual tiene congelada desde hace dos años, ya que esa inacción legislativa no sólo impide poner orden en los emolumentos exagerados de algunos servidores públicos de los tres poderes, sino que es una violación al artículo 72 de la Constitución.

Ese requerimiento poco usual del Senado fue propuesto por el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) Ricardo García Cervantes, quien logró después el aval de todas las fuerzas políticas, a fin de que se haga llegar la molestia y la inquietud a los diputados por la tardanza para votar la llamada ley de salarios máximos.

También desde el pleno, el perredista Pablo Gómez, autor de esa reforma constitucional, respondió al coordinador de los diputados del PAN, Héctor Larios –uno de los opositores a la iniciativa y quien un día antes explicó que el tema está atorado porque hay un prócer que no quiere que le muevan nada al proyecto–, le dijo que no hay ningún prócer, sino 128 senadores que votaron esa reforma en marzo de 2007 y esperan que salga de la congeladora. El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aclaró luego que no se trata de defender hasta la última coma la iniciativa, sino de oponerse a que se hagan leyes que sólo aplican para algunos.

Ello con relación a que Larios pretende que el establecimiento de un tope a los salarios de los servidores públicos –en el que la regla sea que no puede haber ninguna percepción superior a la del Presidente de la República– no aplique para los funcionarios de organismos autónomos y descentralizados.

Si el Presidente de la República, el jefe de Estado, va a estar sujeto a las disposiciones sobre sueldos y percepciones, por qué el gobernador del Banco de México no lo va a estar. No debe haber excepciones, advirtió el senador Gómez.

En tanto, García Cervantes reconoció que a pesar de que en el Senado se incurre también en la irregularidad de dejar proyectos en la congeladora, la indignación que provocó entre la ciudadanía la pretensión de los consejeros del Instituto Federal Electoral de aumentar sus sueldos para equipararlos con los que reciben los ministros de la Suprema Corte, obliga a que se pida a la Cámara de Diputados, votar a la brevedad la llamada ley de salarios máximos.

Recordó que de acuerdo con el artículo 72 de la Carta Magna, es obligación de ambas cámaras dictaminar de inmediato los proyectos legislativos que reciben.

En este caso, insistió, se trata de una iniciativa dictada por el sentido común, aprobada por consenso en Xicoténcatl, para dar salida a la indignación de los mexicanos, que no saben cuánto ganan los funcionarios de los tres poderes de la Unión y no entienden por qué presidentes municipales y regidores cobran más que senadores o que el propio jefe del Ejecutivo federal.

Pablo Gómez, a su vez, recalcó que más allá de la escandalosa cuantía de algunos sueldos, lo grave es el desorden, porque la práctica es que cada servidor público con el poder para hacerlo, se asigna el sueldo que quiere, lo que no corresponde ni a las monarquías ni a las repúblicas, y es lo que no puede seguir.

La omisión de la Cámara de Diputados, dijo, ya hizo crisis, y por ello se sumó al llamado para que resuelvan rápidamente, toda vez que aún tiene que pasar por los congresos de los estados.