Buenos Aires, 5 de marzo. El ex capitán de marina, Alfredo Astiz, acusado de haber cometido unos 200 delitos de lesa humanidad y una de las figuras emblemáticas de la pasada dictadura militar (1976-1983), negó haber pertenecido a los grupos de tarea de la Escuela de Mecánica Armada (Esma) y rechazó tener conocimiento de los llamados vuelos de la muerte, los casos de detenidos-desaparecidos que fueron arrojados al mar, aún vivos.

Astiz fue citado a comparecer en un tribunal junto a su jefe inmediato de entonces, el ex capitán Jorge Tigre Acosta, también acusado de centenares de crímenes, tormentos, robos de hijos de desaparecidos y de posesiones de las víctimas, quien se negó a declarar diciendo que se le hacía muy difícil recordar los hechos que se le estaban imputando.

En respuesta al juez Sergio Torres, quien indagó sobre los vuelos de la muerte, Astiz afirmó que no sabía qué le estaba hablando, a pesar de que la mayoría de estos partieron desde la Esma, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención de la pasada dictadura.

Entre las víctimas que fueron secuestradas a fines de 1977 por Astiz y su grupo, estuvieron las tres madres Fundadoras de Plaza de Mayo, arrojadas aún vivas al mar y cuyos cuerpos fueron devueltos por las aguas.

Las tres estuvieron enterradas como NN más de 25 años, hasta que fueron identificadas por el Equipo de Antropología Forense en 2004. Lo mismo sucedió con las dos monjas francesas secuestradas con ellas. Astiz se infiltró diciendo que era familiar de un desaparecido y entregó a las madres.

Ambos marinos fueron citados en el juicio por el secuestro y desaparición de la joven sueca-argentina Dagmar Hagelin, a quien dispararon en la calle en 1977 los grupos de tareas, y luego la llevaron herida a la Esma donde desapareció.

Este caso tuvo repercusiones en el extranjero y dio lugar a uno de los primeros juicios iniciados en el extranjero contra la dictadura.

El ex marino dijo que ya había sido absuelto en 1987 por las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que fueron derogadas hace más de tres años, y desconoció el derecho jurídico a reabrir las causas.

Estos juicios integran la llamada megacausa de la Esma, donde se calcula que desaparecieron unas cinco mil personas.

Además, con cinismo Astiz, negó su pertenencia al grupo de oficiales de la ESMA y sostuvo que era un administrativo y que estuvo en lugares como Sudáfrica, donde fue agregado naval en 1979.

Dagmar Hagelin, tenía 17 años cuando fue a ver a Norma Susana Burgos en enero de 1977, sin saber que el día anterior su amiga había sido secuestrada; allí fue donde los marinos le dispararon y luego la desaparecieron.

Ragmar Hagelin, padre de Dagmar, dijo hoy que espera sean sentenciados los asesinos y que después de 32 años largos años, ya no se puede dilatar la justicia, mientras los familiares no podemos saber qué es lo que sucedió, cómo los mataron, donde están su restos: ese es un dolor inenarrable.

En el marco de una avanzada mediática para que se imponga la pena de muerte en el país, dos jueces de la Corte Suprema se opusieron en forma terminante y advirtieron sobre la grave inconstitucionalidad de la medida, sumándose así al rechazo de casi todos los sectores políticos ante esta iniciativa, alentada por ultraderechistas.

Cuando se empieza a pedir la pena de muerte, lo que se está pidiendo es que se viole la Constitución Nacional, dijo la magistrada Carmen Argibay. El juez y reconocido jurista Eugenio Zaffaroni también fustigó a los medios de prensa que nos bombardean con noticias rojas y crean una realidad en la que el enemigo principal es la inseguridad urbana. Los políticos le temen a esos medios y como consecuencia de ello hacen modificaciones al Código Penal, que está en escombros, porque cada cambio es en realidad un mensaje motivado en una coyuntura que ya olvidamos.