uego de haber logrado que se aprobara el programa para la recuperación y la reinversión en la economía estadunidense, Obama ha planteado los términos de su siguiente acción: la batalla por el presupuesto federal. En los lineamientos generales del presupuesto para 2010 enviados al Congreso por un monto de 3.5 billones de dólares, equivalentes a 25 por ciento del PIB de ese país en 2009, se formulan los pilares básicos de su planteo: un fondo de 634 mil millones para reformar el sistema de salud; inversión de 150 mil millones en el desarrollo de energías alternativas; 250 mil millones para los bancos; incrementos a las tasas impositivas para los ricos hasta llegar a 39.6 por ciento de sus ingresos; reducción del déficit fiscal en el mediano plazo a seis puntos del PIB.
El planteo combina acciones que pretenden reducir la intensidad y duración de la crisis, con medidas de mediano y largo plazos que se proponen corregir problemas estructurales centrales. Se trata de una propuesta diferente a la de Bush, sin llegar a ser un planteo redistributivo. El cambio ocurre en el control del gasto público destinado a pagar los seguros médicos a compañías privadas para atender a los adultos mayores, que implica erogaciones por 2.4 billones de dólares anuales; en el establecimiento de bases financieras sanas para el sistema público de pensiones; en el aumento de los ingresos fiscales y en la reducción del gasto en defensa y del subsidio a los grandes agricultores.
En estos tres ámbitos lo que se modifica no son sólo las políticas de Bush, sino las políticas públicas de los últimos 30 años (Krugman). Esto quiere decir que las políticas privatizadoras de las responsabilidades estatales en la atención a la salud y en el sistema de pensiones han terminado, lo que corrige uno de los excesos neoliberales que se aplicaron en el mundo entero. Además, la asunción de sus responsabilidades con la Tierra en la que todos vivimos
, que implica gravar a las empresas contaminantes, se propone crear una arquitectura energética sostenible que enfrente realmente el cambio climático.
El presupuesto de Obama no está exento de problemas. La proyección de que el déficit fiscal puede reducirse a la mitad se funda en un supuesto crucial. El costo de estabilizar al sistema financiero y estimular el crecimiento económico generará un amplio incremento de la deuda pública. El gobierno estadunidense tendrá que pedir dinero prestado en el mercado doméstico y, sobre todo, en el internacional. Esta deuda pudiera tener dificultades para colocarse o bien pudiera encarecerse. Ello dependerá de si los prestamistas, esencialmente bancos centrales de países con superávit en la cuenta corriente (Japón, los países petroleros árabes y China), confían en que la crisis fiscal estadunidense se resolverá. Si desconfían, entonces la tasa de interés se elevará y la recuperación de la economía de Estados Unidos se complicará.
El costo de la deuda es una variable básica. Otra de igual importancia es la recuperación de la economía. La apuesta gubernamental es que podrán lograr que la recesión termine en el cuarto trimestre de 2009 y que 2010 sea ya un año de crecimiento. Sin embargo, la persistencia de la crisis en las mayores instituciones financieras puede significar que la recesión se alarga.
La insistencia en que el gobierno debe nacionalizar los bancos y encargarse directamente de restaurar el flujo crediticio da cuenta de un dilema fundamental: ¿le corresponde al Estado la responsabilidad de administrar los bancos, ya que ha invertido cuantiosas sumas de recursos públicos para sostenerlos, o su responsabilidad termina al apoyar financieramente a los actuales administradores? La respuesta al dilema marcará el recorrido próximo de la crisis.
Así las cosas, el planteo presupuestal de Obama constituye un importante paso hacia la construcción de una nueva etapa económica, distinta de la neoliberal. Sin embargo, su posibilidad de éxito no está garantizada económica, ni políticamente.
