Nueva York, 4 de marzo. El gobierno de George W. Bush había preparado un estado de excepción, en el cual el Ejecutivo consideraba suprimir garantías constitucionales fundamentales, entre ellas la libertad de expresión, revelación que nutrió llamados de algún tipo de comisión de la verdad para investigar abusos sin precedente del régimen recién concluido.

El senador demócrata Patrick Leahy convocó hoy una audiencia del Comité Judicial que él preside, para evaluar la necesidad de crear una comisión de la verdad no partidista que investigue potenciales abusos y violaciones constitucionales del gobierno de Bush.

No deberíamos temer a descubrir lo que hemos hecho, a hacernos rendir cuentas igual como lo hacemos con otros países que cometen errores, afirmó Leahy. Necesitamos llegar al fondo de lo que ocurrió y el porqué. La razón de hacerlo es para que nunca suceda de nuevo.

El representante demócrata John Conyers, jefe del Comité Judicial de la Cámara, también ha impulsado una iniciativa para establecer algo parecido. Y según una encuesta de USA Today/Gallup realizada en febrero, 62 por ciento de los estadunidenses apoya una investigación criminal o independiente sobre estos abusos.

Por supuesto, las propuestas enfrentan una feroz oposición de líderes republicanos que afirman que sólo sería una cacería de brujas partidista.

Desde que ocupó la Casa Blanca, el presidente Barack Obama ha repetido que prefiere fijarse en el futuro y no iniciar una prolongada investigación de todos los potenciales abusos del Poder Ejecutivo en los últimos ocho años. Sostiene que es mejor corregir estas políticas a partir de ahora, lo cual empezó a hacer al prohibir la tortura y suspender una serie de órdenes ejecutivas ligadas a estas prácticas de su antecesor entre sus primeros actos como presidente. Pero Obama y su procurador general Eric Holder también han señalado que buscan ser más transparentes.

Así, este lunes el gobierno de Obama divulgó nueve memorándums de la oficina legal del Departamento de Justicia en los que se revelan justificaciones legales para otorgar al Ejecutivo el poder de ordenar acciones militares dentro de Estados Unidos contra terroristas, la facultad de intervenir comunicaciones de ciudadanos sin autorización judicial, la supresión de la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a ciudadanos de cateos y registros de personas sin previa autorización judicial, la supresión de la Primera Enmienda, que garantiza libertad de expresión, incluidos medios, la autoridad unilateral para abrogar tratados internacionales e ignorar las Convenciones de Ginebra y emplear la tortura en interrogatorios, entre otras medidas.

El memorándum fechado 23 de octubre de 2001, redactado por el entonces subprocurador general John Yoo en respuesta a una solicitud del entonces abogado de la Casa Blanca, Alberto Gonzales, y al abogado del entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld, concluyó que no existían restricciones legales al uso de las fuerzas armadas dentro del país en operaciones antiterroristas.

Yoo ofreció la justificación que se empleó para casi toda medida de seguridad nacional del gobierno de Bush: guerra contra el terrorismo. Argumentó que como el país está en un conflicto armado, las reglas legales y constitucionales que rigen operaciones de seguridad pública, como la Cuarta Enmienda, ya no son aplicables. Las fuerzas armadas, afirmó, podrían ser empleadas contra objetivos civiles dentro de este país, como edificios residenciales, de oficinas, naves y más donde se sospecha la presencia de terroristas.

En este mismo documento, se afirma que el presidente podría suspender la libertad de expresión e imponer controles sobre los medios de comunicación. Los derechos de expresión y de prensa de la Primera Enmienda también podrían ser subordinados a la necesidad superior de llevar a cabo exitosamente la guerra, escribió Yoo.

Otros memorándums escritos por Yoo y Jay Bybee, también de la oficina de asuntos legales del Departamento de Justicia, afirman que el presidente tiene el poder para encarcelar de manera indefinida y sin cargos a ciudadanos estadunidenses, y uno fechado el 13 de marzo de 2002, redactado por Bybee, sostiene que Bush podía ignorar las Convenciones de Ginebra y el tratado internacional contra la tortura.

Poco antes del fin del régimen de Bush, la misma oficina que elaboró los documentos refutó todas estas justificaciones legales, al afirmar que ya no reflejan las opiniones del Departamento de Justicia. Uno de los memorándums divulgados el lunes tiene fecha del 6 de octubre de 2008 y otro cinco días antes del fin de ese gobierno: el 15 de enero de 2009. No ofrecen ninguna explicación de por qué se esperó hasta los últimos días del gobierno de Bush para retirar estas justificaciones legales.

El memorándum más controvertido de todos, aunque ya conocido, fue el del primero de agosto de 2002 de Yoo, y fue el que legalizó la tortura. Por cierto, el lunes la CIA reconoció que había destruido 92 videograbaciones de interrogatorios en los que se empleó la táctica de tortura conocida como waterboarding.

Yoo continúa como profesor de leyes en la Universidad de California, en Berkeley, mientras que Bybee es juez federal, y críticos piden ahora el despido del primero y la destitución del segundo.

Que no se repita

Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales, afirma que esto comprueba que hubo un asalto contra el régimen de ley en el país. Crímenes de guerra, crímenes terribles de tortura y abuso, fueron conscientemente cometidos por altos integrantes de nuestro gobierno y la única manera de asegurar que no se repita, y demostrar al mundo de que somos sinceros en nuestro deseo de evitar que ocurra de nuevo, es fiscalizar a la gente responsable.

Kate Martin, directora del Centro de Estudios de Seguridad Nacional en Washington, dijo a Newsweek que estos documentos demuestran que ya desde octubre de 2001 estaban intentando construir un régimen legal que básicamente permitiría la imposición de la ley marcial.

Marjorie Cohn, profesora de leyes y presidenta del Gremio Nacional de Abogados, organización de abogados progresistas, señaló que según el razonamiento en los memorándums, el Congreso no tenía ningún papel en limitar y balancear al Ejecutivo. Esa es la definición de un Estado policiaco.

Diversos abogados como Ratner y hasta ex diplomáticos y ex altos oficiales militares, apoyan la idea de una comisión de la verdad. Ante las pruebas creíbles de que altos funcionarios del gobierno de Bush autorizaron la tortura, un crimen contra la humanidad, lo mínimo que deberemos hacer es llevar a cabo una investigación seria e independiente, afirmó David Cole, profesor de leyes de la Universidad de Georgetown al New York Times.