La Paz, 3 de marzo. Fiscales bolivianos informaron hoy que encontraron restos óseos en celdas descubiertas en el subsuelo del edificio sede del Ministerio de Gobierno. El presidente Evo Morales advirtió que si se demuestra que son huesos de seres humanos, los pichones de la dictadura tendrán que pagarlo.

Luego de un recorrido por las celdas ubicadas en los sótanos del Ministerio de Gobierno, lo que era conocido como un centro de reclusión de opositores políticos y sindicalistas y a quienes se torturó durante las dictaduras militares, el presidente comentó que era el cementerio de gente que apostaba por su patria, que luchaba por su pueblo.

Morales se refirió a la supuesta responsabilidad que tendrían militantes del partido Acción Democrática Nacionalista (ADN) del fallecido ex dictador militar Hugo Banzer y del ex presidente y actual líder opositor de derecha Jorge Quiroga.

El mandatario y jefe de las fuerzas armadas bolivianas, a quien familiares de los desaparecidos durante las dictaduras han pedido que ordene la apertura de los archivos militares, pidió a militares patriotas dar información sobre lo ocurrido, especialmente sobre el paradero de los restos del dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, asesinado en 1980, junto con el diputado Carlos Flores Bedregal, cuyos restos tampoco han sido encontrados.

En tanto, los prefectos opositores de Tarija, Mario Cossío; de Santa Cruz, Rubén Costas; de Beni, Ernesto Suárez, y de Chuquisaca, Savina Cuéllar, presentaron ante la fiscalía general una demanda contra el presidente Morales por resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

En conferencia de prensa los ministros de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, y de Defensa, Walker San Miguel, calificaron de cortina de humo, carente de sustento legal y legitimidad activa la demanda, entablada por el decreto presidencial que autorizó contrataciones directas en la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde un escándalo de corrupción llevó a la cárcel a su ex presidente Santos Ramírez.

Los prefectos quieren ocultar sus responsabilidades en el golpe de estado cívico-prefectural de agosto-septiembre del año pasado, cuando proclamaron que estaban dispuestos a incendiar Bolivia, agregaron los ministros.