Durango, Dgo., 3 de marzo. Una acusación por fraude presentada hace 10 años contra el ex senador Adrián Alanis Quiñones –hoy delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tabasco– sigue estancada en los juzgados, y los afectados exigieron al Congreso estatal investigar las presuntas complicidades que le permiten seguir impune.

Los hermanos José Ángel, Marco Polo y Juana Artemisa Hernández Valtierra marcharon por el centro de la capital duranguense junto con decenas de personas para denunciar al también ex funcionario estatal, quien en 1998 les pagó una deuda con un cheque sin fondos.

Los afectados narraron que el político priísta –electo diputado federal en 1997– les compró ese año un terreno de 16.5 hectáreas en 3 millones 414 mil 477 pesos, y cubrió casi dos tercios del precio, pero el cheque por el millón 714 mil 477 pesos restantes fue rechazado.

El priísta se negó a pagar el faltante y los hermanos interpusieron una demanda. Alanís obtuvo un amparo, y en el año 2000 llegó al Senado de la República. Empero, planteó a los quejosos un arreglo y les pagó con varios lotes comerciales del fraccionamiento Versalles, que los Hernández Valtierra quisieron vender, pero la juez federal María Elena Vázquez Gómez se los impidió, pues supuestamente otras personas reclamaban esas propiedades.

Los afectados descubrieron que Alanís Quiñones no tiene ni ha tenido trabajadores que exijan los terrenos para resarcir una demanda laboral, sino que todo es una artimaña del ex senador para conservar los predios.

Desmienten móvil político

Los hermanos acudieron al Congreso estatal y pidieron indagar la actuación del juzgado de distrito y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que admitieron el pleito de los supuestos trabajadores para bloquear la venta de los terrenos.

Que Alanís no salga como hace días, en otro escándalo, a decir que todo es político y que lo atacamos porque hay elecciones. El juicio lleva 10 años, afirmó uno de los quejosos.

Otro caso se refiere a la presunta asignación ilegal de un crédito del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) al ex senador. La institución pretende cobrar el préstamo a Luis Enrique Soto Alanís, quien trabajaba en la Secretaría de Educación estatal y descubrió que su firma fue falsificada por Alanís Quiñones y su hermano Jaime.