aúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dos mixtecos defensores de derechos humanos, dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, en el estado de Guerrero, fatalmente ya no están entre nosotros. Los dos fueron secuestrados por personas desconocidas que se identificaron como policías en un acto público que se realizó el 13 de febrero pasado en la ciudad de Ayutla de los Libres. Lucas y Ponce habían sido invitados por la esposa de Raúl, Guadalupe Castro Morales, quien se desempeña como regidora de Asuntos Indígenas en ese municipio.

Siete días después, el viernes 20 de febrero, sus cuerpos sin vida y con evidentes huellas de tortura, aparecieron en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica. El cuerpo de Raúl Lucas mostraba lo que parecía un tiro de gracia y el de Manuel Ponce huellas de haber muerto a golpes.

Para ir ubicando la naturaleza del crimen es importante tener presente que fueron secuestrados en un lugar y en un acto público, donde se encontraba, junto con otros funcionarios, el director de Seguridad Pública del ayuntamiento, además de una comisión de regidores y alrededor de 35 invitados.

Importa también no olvidar que al principio del acto el lugar estuvo resguardado por cerca de 25 elementos de la policía municipal, y que a las 13:35 de la tarde el director de Seguridad Pública recibió una llamada telefónica y que en cuanto finalizó ordenó a los policías que se retiraran y él hizo lo mismo, quedando el escenario despejado para que los secuestradores entraran en acción libremente y se llevaran a sus víctimas por la fuerza. Media hora después, tiempo suficiente para alejarse, Guadalupe Castro Morales recibió la amenaza fatídica: No empieces a chingar, quédate calladita o jodemos a tu esposo, esto les pasa por defender indios.

Guadalupe no atendió la amenaza. Cualquier persona que incluya dentro de sus actividades la defensoría de los derechos humanos sabe que ante situaciones de este tipo el silencio de la víctima la coloca en estado de vulnerabilidad y aumenta la impunidad de los agresores; que la mejor defensa, tal vez la única con algún grado de efectividad, es la denuncia pública, y el cumplimiento del trámite ante las instancias de procuración de justicia, para dejar evidencia del delito que se está cometiendo. Guadalupe lo sabía por experiencia propia, porque en la organización defensora de los derechos humanos que su esposo dirigía habían sufrido amenazas y emboscadas a causa de su trabajo. Por eso, esa misma tarde denunció públicamente los hechos y acudió a la oficina del Ministerio Público de Ayutla a denunciar la desaparición forzada de su esposo, igual que la de su compañero de lucha. Es probable que ya lo esperara, sin embargo le sorprendió que el personal de la institución se negara a abrir una investigación por los actos delictivos y que sólo accediera a levantar un acta ministerial, para que quedara un antecedente legal de los hechos. También interpuso un amparo por incomunicación, con la petición de que su esposo y su compañero secuestrados fueran buscados en las instalaciones de las corporaciones policiacas y de las fuerzas armadas.

Nada de esto dio resultado. Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas pagaron con su vida su osadía de defender indios en una tierra de caciques, donde decir estado de derecho resulta una ironía porque todos saben que la única ley que rifa es la de los más fuertes, quienes no se detienen ante nada cuando ven afectados sus intereses.

Sus compañeros y muchas organizaciones solidarias no han dudado de calificar el asesinato de crimen de Estado y el gobernador de Guerrero ha salido a mostrar su cara de inexperto aprendiz de gobernante, afirmando que el Estado nada tuvo que ver en el homicidio, ignorando que las instituciones estatales están obligadas a brindar protección a sus ciudadanos y que no hacerlo contribuye a crear condiciones para el crimen, aunque en este caso parece que su responsabilidad no queda en eso: ¿por qué retiraron a la policía antes de que terminara el acto en que fueron secuestrados? ¿Quién llamó y qué le dijo al director de Seguridad Pública? ¿Guarda relación esa llamada con el retiro de la seguridad? ¿Por qué las autoridades ministeriales se negaron a levantar una averiguación previa y a iniciar una investigación seria? Son preguntas de las que muchos ciudadanos esperamos respuestas convincentes. Y para tenerlas hay que exigir que el crimen se aclare, que no se pierda en las estadísticas de los luchadores sociales asesinados por defender sus derechos. Por defender indios.