Oaxaca, Oax., 28 de febrero. El primer tribunal colegiado del décimo tercer circuito del Poder Judicial Federal (PJF) rechazó la demanda de amparo solicitada por Orlando Sosa López, concejal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), contra la sentencia de tres años de prisión dictada por un juez por ser responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego.

Acompañado por el secretario de organización de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriel López Chiñas, y otros dirigentes, el activista ofreció una conferencia de prensa, en la cual dijo que fue detenido ilegalmente y torturado por policías locales en el centro de la ciudad el 18 de julio de 2007, después de participar en una marcha contra la gran represión de la Guelaguetza magisterial y popular, efectuada el día anterior en las inmediaciones del cerro El Fortín.

Subrayó que los agentes le sembraron una pistola para consignarlo ante la Procuraduría General de la República (PGR) y posteriormente quedó bajo proceso por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, aunque después salió libre tras pagar una fianza de 10 mil pesos.

Explicó que el juzgado tercero de distrito del estado conoció del asunto. A pesar de las pruebas de descargo presentadas, fue sentenciado el primero de agosto pasado a tres años de prisión y a pagar una multa de 50 días de salario mínimo.

Apeló de la condena y el caso quedó en revisión en el segundo tribunal unitario del décimo tercer circuito, pero éste no hizo ningún estudio exhaustivo y ratificó la sentencia, porque dio más valor al parte informativo rendido por la policía y no tomó en cuenta su declaración, en la cual denuncia la detención ilegal y la tortura sufrida en una cárcel clandestina.

Consideró que el segundo tribunal unitario “no hizo ninguna valoración de los elementos del proceso. Únicamente tomó en cuenta el parte informativo de los policías. Tampoco hizo un estudio minucioso del proceso ni de las condiciones sociales de mi detención, pues en ese momento la policía detenía a cualquier persona como parte de operativos represores contra el movimiento social”.

Ante ello recurrió al amparo directo, quedando la resolución en el primer tribunal colegiado para echar abajo la sentencia, pero ahí se siguieron los mismos vicios legales. Así, quedó en estado de indefensión.

Sosa López no se esconderá, a pesar de que puede ser detenido por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones. Dijo no haber cometido ningún ilícito, y adelantó que interpondrá un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la confirmación de la sentencia contribuye al círculo de impunidad en la entidad, agregó.