Al cumplirse un año del bombardeo a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Sucumbíos, Ecuador, donde murieron 25 personas, incluidos cuatro estudiantes mexicanos, Lucía Morett Álvarez, sobreviviente del ataque, afirmó que frente a estos hechos no ha habido justicia ni las acciones que la ley marca como obligación del Estado mexicano en la defensa de los connacionales.

En una carta dirigida a La Jornada, afirmó: estoy en condiciones de denunciar lo que viví, y por ello desde distintas latitudes y esferas del poder hay interés en desacreditar mi versión de los hechos, pretendiendo quitarles responsabilidad a quienes cometieron gravísimos delitos.

A ese escenario se suma que en el actual proceso electoral en Ecuador se están usando pretextos y hechos como el de Sucumbíos para enrarecer el clima político, lo que personalmente me afecta, al intentar criminalizarme.

Morett, quien retornó al país en diciembre pasado, afirmó que tanto en México como en Ecuador hay un manejo político de su situación, que se disfraza con ropaje jurídico.

No es casual que a raíz de mi llegada al país se activara lo de mi extradición a Ecuador. Este delicadísimo asunto fue turnado a la Corte Nacional de Justicia, instancia responsable de valorar si procede, dándosele un uso más mediático y político que legal.

Rechazó las afirmaciones del ex director de inteligencia del ejército ecuatoriano coronel Mario Pazmiño sobre la existencia de informes y fotografías que la ubican en distintos campamentos de las FARC. “No puede haber evidencia de algo que no ocurrió. Sólo estuve en el campamento donde fui víctima de intento de homicidio.

Nunca atenté contra la seguridad interna de Ecuador, delito por el que dolosamente se me pretende ahora encarcelar y, por el contrario (...) puedo señalar a algunas personas que (...) sí lo hicieron.