Las autoridades mexicanas deben cancelar el permiso a Banamex para operar como banco y llevar a cabo su intervención y expropiación, después de que el gobierno de Estados Unidos detenta hasta ahora 36 por ciento del Citigroup, y aprovechar esta oportunidad para recuperar y democratizar a la banca mexicana, rompiendo el oligopolio que se ha generado en nuestro sistema extranjerizado, consideró la secretaría de la hacienda pública del gobierno legítimo encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior en virtud de que el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito establece claramente que: No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.

De esta manera resulta obvio que al convertirse formalmente el gobierno estadunidense en uno de los principales accionistas de Citigroup, que a su vez es el dueño y principal accionista de Banamex, se estaría violando abiertamente el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaría obligada a cancelar la autorización que Banamex tiene para ejercer las funciones de banca en México.

Es una nacionalización parcial del grupo bancario

La hacienda pública del gabinete de Andrés Manuel López Obrador explicó que la participación del gobierno estadunidense será de una magnitud equivalente a la de una nacionalización parcial del grupo bancario, ya que no sólo detenta 36 por ciento del capital de Citigroup, sino que también participaría en el proceso de toma de decisiones, ya que las acciones independientemente del porcentaje con el que participe el gobierno estadunidense, le darían el derecho a voto en las asambleas.

Es importante señalar que la inyección de recursos por parte del gobierno estadunidense hacia Citigroup mediante obligaciones convertibles ha sido por aproximadamente 45 mil millones de dólares, lo que representa en estos momentos una participación inicial de 8 por ciento en el capital de este consorcio financiero, por lo cual es un hecho indiscutible que desde ese momento el gobierno estadunidense ya tenía una participación en el capital de Citigroup y por lo tanto participaba en el capital social de la filial mexicana (Banamex), por lo que no debe existir duda de que se viola flagrantemente el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El análisis asegura que esto en teoría obligaría a las autoridades mexicanas a intervenir formalmente a Banamex en tanto se opta por buscar nuevos accionistas que no tengan ningún impedimento de ley para operar Banamex, es decir que ni Roberto Hernández ni BBVA Bancomer o HSBC podrían adquirir este banco en virtud de que se acentuaría aun más la concentración en el mercado mexicano.

De esta manera, la opción sería llevar a cabo una estatización formal o expropiación de este banco, que permitiera al gobierno buscar nuevos socios o bien mantener bajo su control el banco, en virtud de que ni el gobierno de Estados Unidos ni la Reserva Federal del Tesoro estadunidense ni tampoco las autoridades supervisoras estadunidense pueden, de acuerdo con lo establecido en las leyes mexicanas, participar en el capital social de las instituciones de banca múltiple en México.

Advirtió que el gobierno mexicano no puede aducir que es un asunto financiero en beneficio de la protección de ahorradores mexicanos, ya que Banamex no enfrenta problemas financieros sino jurídicos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 13 de la ley de Instituciones de Crédito, por lo que el gobierno mexicano no debe ni puede desembolsar dinero en esta operación.