Chilpancingo, Gro., 27 de febrero. La Procuraduría de Justicia del estado y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil aceptaron otorgar medidas cautelares y de vigilancia a los deudos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM-Na savi), con sede en Ayutla de los Libres, quienes desaparecieron el 13 de febrero y que el pasado fin de semana encontraron sus cuerpos en el cerro de Las Cazuelas, en el vecino municipio de Tecoanapa.

Hipólito Lugo Cortés, visitador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), dijo que el 19 de febrero solicitaron las medidas cautelares, mismas que fueron aceptadas y entendemos que a partir de ahora el director de la Policía Investigadora Ministerial, Erit Montúfar Mendoza, ordenará al coordinador de esa dependencia en la Costa Chica, lo mismo que al fiscal regional, que actúen en consecuencia.

Lugo Cortés señaló que desde la Coddehum se comunicaron con el secretario de Seguridad Pública, Heriberto Salinas Altés, ya que “el general se comprometió a brindar protección policiaca en la modalidad de rondines a las esposas (Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves) e hijos de los indígenas mixtecos ejecutados”.

Confirmó que desde el jueves una representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se encuentra en el municipio de Ayutla de los Libres para investigar el doble crimen; no obstante, aclaró que la Coddehum realiza su propia investigación, de la que posteriormente se darán a conocer los resultados, concluyó.

Por la situación que se vive tras el asesinato de los dos defensores de derechos humanos, la Presidencia de la República canceló el festejo oficial del 155 aniversario de la promulgación del Plan de Ayutla, que se realizaría en esa población de la Costa Chica el próximo domingo 1º de marzo, informó por su parte el presidente municipal Armando García Rendón.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en Acapulco, dijo que le hablaron de la Presidencia de la República para que cancelara los preparativos de los festejos de la promulgación del Plan de Ayutla porque éstos se realizarían en Chilpancingo, y a los mismos sólo asistirá un representante del gobierno federal.

El político priísta reiteró que no dejará la presidencia municipal como piden sus opositores a raíz de la muerte de los dirigentes indígenas. Sin embargo, dijo que Luis Javier Sánchez Hernández, director de Seguridad Pública municipal y hombre de mi absoluta confianza, solicitó licencia desde el miércoles pasado para permitir las investigaciones del crimen, como se lo pidió la CNDH.

Rechazó además los señalamientos que lo involucran en el secuestro y asesinato de los lideres indígenas. Sostengo que nadie debe caer en la tentación de criminalizar la lucha que éstas (las organizaciones sociales) realizan por lograr mejores condiciones de vida de sus integrantes y sus comunidades, expresó.

A su vez, el gobernador Zeferino Torreblanca reiteró que el lunes hará un exhorto al Congreso local para que se nombre un fiscal especial que investigue la muerte de los dos defensores de derechos humanos secuestrados el 13 de febrero y muertos posteriormente.

Por último, militantes del PRD del municipio de Ayutla demandaron la intervención inmediata de las autoridades para detener a los responsables del asesinato de los dirigentes de la OFPM.