a decisión, anunciada ayer por el gobierno de Estados Unidos, de aumentar hasta en 36 por ciento su participación en el capital del multinacional Citigroup –a efecto de salvarlo de la bancarrota–, pone en perspectiva distintas consideraciones que resultan inquietantes, por decir lo menos, en torno a la situación legal de Banamex, filial en México del gigante financiero.

Enajenado durante el proceso de reprivatización bancaria que emprendió Carlos Salinas de Gortari a inicios de la década de los 90; rescatado con dinero público por medio del fraudulento Fobaproa/IPAB durante el sexenio de Ernesto Zedillo, y vendido posteriormente a Citigroup, en un proceso irregular que significó eludir el pago al erario de alrededor de 3 mil 500 millones de dólares por concepto de impuestos, Banamex vuelve a colocarse en el ojo del huracán tras el anuncio realizado ayer por el gobierno de Barack Obama, por cuanto éste pudiera convertirse, así sea de manera temporal, en propietario de una de las principales instituciones financieras del país. Tal escenario, además de tener obligadas implicaciones en términos de vigencia de la soberanía nacional, está expresamente prohibido en el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, que regula al sistema bancario mexicano: no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.

La redacción de la normativa no deja espacio para la interpretación, por más que los representantes de la institución señalada pretendan sostener que la operación no entra en conflicto con ninguna norma del marco jurídico en México, y su aplicación a la letra por parte de la autoridad imposibilitaría al grupo financiero estadunidense a operar esa filial en el país. No obstante, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dependencia encargada de regular el sistema financiero mexicano, se ha limitado a afirmar que analizará la información que al efecto se proporcione y la adecuación de las nuevas condiciones (...) a la legislación financiera mexicana, e informarán en breve acerca del resultado de dicho análisis, declaración preocupante que parece sugerir que, en el caso que se comenta, es la ley la que deberá adecuarse a los intereses de los dueños del dinero.

Por lo demás, esta problemática situación plantea, de manera inopinada, un escenario propicio para que el calderonismo avance en el reconocimiento de las necesidades del país en materia de servicios financieros confiables y de calidad –y para que actúe en consecuencia–, toda vez que, como lo advirtió ayer mismo el ex subsecretario de Hacienda Francisco Suárez Dávila, se abre la oportunidad de que Banamex regrese a manos mexicanas. Los grandes consorcios internacionales, propietarios de la mayoría de las instituciones bancarias que operan en México, han encontrado en el país un mercado de rapiña, carente de regulaciones oficiales y mucho más ventajoso, en términos de ganancias, que en sus naciones de origen. A pesar de esto, su aporte al desarrollo y su respaldo a los sectores productivos mediante el otorgamiento de crédito ha dejado mucho que desear y es obligado preguntarse si esto último no es una razón suficiente para que el Estado mexicano contribuya a la constitución de una verdadera banca nacional, orientada a atender las necesidades de los mexicanos en general y a satisfacer los requerimientos de sectores como el campo o la industria, imprescindibles para reactivar el mercado y la economía internos.

Es imprescindible, en suma, que el gobierno calderonista comience a actuar con altura de miras y en concordancia con el bienestar del país. La respuesta que dé a la problemática en que se encuentra inmerso Banamex demostrará si la presente administración está al servicio de los mexicanos o de los propietarios del capital trasnacional.