Madrid, 25 de febrero. Un grupo de 40 personajes del País Vasco –desde científicos y políticos hasta escritores como Bernardo Atxaga– presentaron un manifiesto público de protesta contra el cierre, en 2003, de Euskadunon Egunkaria, el periódico vasco escrito en euskera.

El documento está firmado por tres ex presidentes del Parlamento vasco, dos ex lehendakaris –Carlos Garaicoetxea y José Antonio Ardanza–, cinco rectores y ex rectores de universidades vascas, directores de cine, escritores y artistas.

El 20 de febrero de 2003, en la segunda legislatura del presidente derechista José María Aznar, Egunkaria fue cerrado por la Guardia Civil, a petición de un magistrado, por supuesta vinculación con el entramado financiero e ideológico de la organización armada vasca ETA.

Seis años después, el caso sigue abierto y los 12 imputados continúan a la espera de juicio.

El diario Egunkaria fue cerrado, sus trabajadores despedidos y algunos de ellos detenidos, presuntamente torturados y acusados de pertenecer a organización armada.

El manifiesto se hizo público hoy en Madrid y reclama el sobreseimiento y archivo del caso, que se ha mantenido hasta ahora por la acusación, integrada exclusivamente por la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

En el manifiesto se insiste en que conviene cerrar cuanto antes este triste capítulo de la historia reciente, por razones de justicia con los directamente afectados, para proteger el bien que representa la pluralidad informativa en una sociedad democrática y para poner punto final a un episodio sobre el que cada vez hay más sectores de la ciudadanía que piensan que nunca debió de existir.

Mientras, la trama de presunta corrupción, tráfico de influencias y lavado de capitales que afecta al Partido Popular ha dado un giro en la investigación, que podría resultar crucial para determinar la instancia que desentrañará el caso.

El juez instructor del caso, Baltasar Garzón, informó hoy en una providencia que hay al menos dos imputados más en el escándalo que gozan de fuero político por ser diputados del Parlamento central y eurodiputados. Se trata de Luis Bárcenas, quien es además tesorero del partido, y Gerardo Galeote.

La respuesta del Partido Popular fue inmediata. Dos de sus dirigentes, su secretaria de organización, Soraya Sáenz de Santamaría, y Federico Trillo presentaron ante el Tribunal Supremo una querella criminal contra Garzón, a quien acusan de prevaricación y de instruir un sumario por supuesta enemistad manifiesta.

El hecho de que entre los acusados en la investigación tengan condición de aforados significa que la causa podría recaer en el Tribunal Supremo.

La red investigada por el juez Garzón afecta no sólo a los dos altos dirigentes señalados, sino también al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y a altos cargos del gobierno regional de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre.