A un año de entrar en vigor el impuesto empresarial a tasa única (IETU), el gobierno federal sólo captó la sexta parte de lo planeado, es decir 0.5 en lugar del 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aseguró el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

El impuesto debe desaparecer porque fue diseñado para épocas de bonanza ya que una de las bondades que más publicitaron las autoridades para su aprobación, fue que los empresarios podían hacer deducciones de hasta el cien por ciento en las inversiones que realizaran.

El problema es que en con la actual recesión económica los contribuyentes cautivos no cuentan con recursos para comprar maquinaria o computadoras, por ejemplo y, en consecuencia, no pueden realizar dichas deducciones así que esa bondad o ventaja ahora juega contra los contribuyentes, explicó Carlos Cárdenas Guzmán, vicepresidente de asuntos fiscales del IMCP.

El IETU debe desaparecer porque no soluciona los problemas de recaudación del país, reiteró el instituto, además de que genera diversas inequidades a los contribuyentes, contiene una serie de imprecisiones que los colocan en situaciones de inseguridad jurídica y los hace enfrentarse a una carga administrativa adicional al tener que calcular dos impuestos sobre la renta.

Cárdenas Guzmán refirió que el PRD y el PRI se han dado cuenta de la inviabilidad de dicho impuesto, toda vez que cada uno por su cuenta impulsan iniciativas para eliminarlo ante el Congreso de la Unión. Insistió en que el país requiere lograr una recaudación de entre 18 y 20 por ciento del PIB –es decir el doble de lo registrado actualmente– para que el Estado pueda hacer frente a sus obligaciones y planteó que la única manera de hacerlo es a través de los impuestos indirectos, como los que se aplican al consumo y que no necesariamente implica gravar únicamente alimentos y medicinas.

Por otra parte, Eduardo Ojeda López Aguado, presidente del IMCP lamentó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) haya emitido de manera unilateral y sin consultar con los especialistas del ramo un nuevo anexo para cuestiones fiscales, mediante el cual obliga a contadores y auditores a recolectar información sobre los contribuyentes, como el aviso de inscripción o los cambios de domicilio, cuando ello no forma parte de sus responsabilidades originales.