La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACONUDH) y Amnistía Internacional (AI) condenaron el asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores indígenas de garantías fundamentales en Guerrero, quienes el 13 de febrero fueron privados de su libertad y desaparecidos, cuyos cuerpos fueron encontrados con signos de tortura.

Por su parte, organizaciones no gubernamentales de la entidad exigieron que el caso de los dos integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, de Ayutla, Guerrero, sea atraído por el gobierno federal, ante la ineficiencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Los organismos internacionales exigieron a las autoridades competentes esclarecer los hechos de manera rápida y eficaz, a fin de sancionar a los responsables. Confiaron en que el Estado mexicano tome medidas urgentes para garantizar la seguridad de los activistas y combatir la impunidad por los delitos cometidos en su contra.

El ACNUDH expresó preocupación por las condiciones de vulnerabilidad en que los defensores de derechos humanos desarrollan su labor de promoción y protección a esas garantías, especialmente en las regiones de Costa Chica, Costa Grande y la Montaña de Guerrero.

El organismo apremió a las autoridades mexicanas a esclarecer el crimen de manera rápida y eficaz, con el propósito de que las personas responsables sean investigadas, juzgadas y sancionadas, garantizando a las víctimas y sus familiares la reparación por las violaciones a sus derechos humanos.

En tanto, la CIDH manifestó que se debe realizar una investigación exhaustiva, a fin de sancionar a los responsables de esos asesinatos. El organismo de la OEA recordó que con base en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas –que México está obligado a cumplir–, el pasado 19 de febrero solicitó al Estado mexicano información urgente sobre el paradero de ambos defensores.

Sin embargo, los cuerpos de Lucas Lucía y Ponce Rosas fueron hallados el pasado 21 de febrero con huellas de tortura. La CIDH insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas en Guerrero.

Ayutla, región de peligro para activistas

En tanto, AI señaló que el patrón de asesinatos, ataques, amenazas y detenciones a defensores de derechos humanos en Ayutla ha convertido la región en un peligro constante para las personas que defienden los derechos de las comunidades indígenas más marginadas de México.

En Ayutla, organismos civiles se manifestaron frente al palacio municipal, en una ceremonia luctuosa en la cual el hijo de Lucas Castro exigió –ante más de mil indígenas me’phaa, tlapanecos y mixtecos– levantar la cabeza, tener la frente en alto.

Andrea Eugenia Manuel, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa –quien ha recibido amenazas de muerte–, exigió que dejen sus cargos el presidente municipal de Ayutla, Armando García Rendón, y su director de seguridad pública, el militar Luis José Sánchez Hernández, a quienes consideró responsables directos de los asesinatos, para que pueda llevarse a cabo una investigación seria e imparcial.