El gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, rechazó que los asesinatos de los indígenas defensores de los derechos humanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, respectivamente –levantados el pasado 13 de febrero y cuyos cadáveres fueron hallados el domingo en el municipio de Tecoanapa–, sea un crimen de Estado, como señalaron organizaciones sociales.

La Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaá responsabilizó de los homicidios al director de Seguridad Pública municipal de Ayutla, el ex militar Luis José Sánchez Hernández, y al alcalde priísta Armando García Rendón, a quienes acusaron de proteger a los grupos paramilitares que operan en el municipio.

En tanto, el visitador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos estatal, Hipólito Lugo, calificó el doble homicidio de crimen de lesa humanidad.

Por otra parte, familiares de Salvador Nava Torres, de oficio albañil, denunciaron que éste fue desaparecido por elementos del Ejército, junto con otras tres personas, el 7 de febrero pasado en la cabecera municipal de Tlapa, Montaña Alta de Guerrero.

En conferencia de prensa, una hermana de la víctima y su esposa, Elvia Franco Mercado, pidieron la intervención de Torreblanca, y afirmaron que en un retén del 93 batallón de infantería fueron detenidos Nava y sus acompañantes, también albañiles. Agregaron que en el cuartel les dijeron que su familiar sí estuvo ahí, pero aseguraron que lo dejaron libre días después, junto con los demás.