Informes de inteligencia gubernamental en poder de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública federal revelan que alrededor de 60 por ciento de las cárceles municipales del país están controladas por operadores del narcotráfico y sicarios a sueldo.

Según estos datos recabados por autoridades civiles, las organizaciones delictivas que en su mayoría han logrado cooptar a directivos de cárceles municipales son las de Los Zetas, de los hermanos Beltrán Leyva, del cártel del Pacífico y de la Familia Michoacana.

Fuentes gubernamentales revelaron a La Jornada que las entidades que más padecen la infiltración de los cárteles de la droga en los centros penitenciarios locales son Quintana Roo, Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Baja California, Guerrero, Sinaloa, Nuevo León, Veracruz, Tabasco, estado de México, Distrito Federal, Chiapas y Oaxaca.

Es en este contexto y a partir de estos informes gubernamentales que se pudo detener el pasado viernes al ex director del penal de Cancún Antonio Mejía López, quien desde ayer se encuentra sujeto a un arraigo de 40 días por orden de un juez federal, ya que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada indaga sus presuntos vínculos con Los Zetas.

En tanto, la PGR emitió un comunicado anoche para informar que Mejía López está presuntamente vinculado con Octavio Almanza Morales, El Gori 4, y Javier Díaz, El Java Díaz o El Comandante Sobrino, operadores en Cancún de la organización criminal de Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo.

Según la dependencia, a Mejía López “también se le relaciona con Francisco Gerardo Velasco Delgado, alias El Vikingo, ex director de Seguridad Pública Municipal, de quien de igual forma se tiene conocimiento que prestaba sus servicios para el cártel del Golfo, específicamente a Los Zetas”.

De acuerdo con informes ministeriales, Francisco Gerardo Velasco presuntamente fue quien brindó protección a los sicarios de Los Zetas que ejecutaron hace dos semanas en Cancún al general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones, así como al teniente Julio César Román Zúñiga y al civil Julio Ramírez Sánchez.

Los informes, elaborados por los órganos de inteligencia a partir de datos de las secretarías de Seguridad Pública en todos sus niveles y de las procuradurías de Justicia del país, señalan que alrededor de 60 por ciento de los directores o funcionarios de cárceles municipales del país han sido cooptados por el narcotráfico, y las sumas que reciben mensualmente van de los 15 mil hasta 70 mil pesos, cantidad que depende del rango o la zona en que cada uno labora.

Se calcula que al menos desde 2006 los capos de la droga, y fundamentalmente los sicarios al servicio de éstos, han amedrentado y cooptado a diversos mandos de las cárceles municipales, desde directores hasta jefes de área y custodios.

Uno de los problemas a que se enfrenta el Estado mexicano en estos casos de infiltración de funcionarios municipales es que los cargos de quienes están al mando de estas cárceles los designan los propios alcaldes.

De hecho, en muchos casos ni siquiera se aplican exámenes de confianza ni se verifica que los servidores públicos no tengan antecedentes penales.

La información recopilada por agentes gubernamentales de inteligencia refiere que se ha detectado que los directores de cárceles municipales de buena parte del país no sólo solapan fugas de reos, sino que también les permiten a los sicarios operar desde el interior de los centros penitenciarios en donde se distribuyen drogas y se vende protección a los reos.