Madrid, 23 de febrero. El ministro de Justicia español, Mariano Fernández Bermejo, presentó su dimisión tras una serie de desencuentros y escándalos en los que estuvo implicado, sobre todo su participación en una caza colectiva en Jaén, Andalucía, sin que tuviera la licencia en vigor.

La cacería en la que participó con el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en pleno sumario sobre una trama de corrucpión que salpica al opositor Partido Popular (PP), pasó factura a Fernández Bermejo, pero también por su falta de destreza para resolver conflictos.

Fernández enfrentó en días pasados la primera huelga de jueces y funcionarios del ramo, que justificaron la medida ante la falta de apoyo del gobierno para la modernización tecnológica y agilización de los procesos.

Todo esto provocó una campaña de acoso por parte de la oposición conservadora y de los medios afines que pedían su renuncia. Fernández Bermejo fue acusado de instigar desde la sombra la operación judicial abierta contra la trama de corrupción de militantes y simpatizantes del PP, en la que quedaron al descubierto casos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y falsedad documental, sobre todo en Madrid y Valencia, las dos regiones gobernadas por el PP.

Es lo mejor para el proyecto socialista, dijo el hasta hoy ministro de Justicia al señalar que cuando uno se da cuenta de que está siendo utilizado contra ese proyecto, lo que tiene que hacer es evitarlo, apuntó al dar a conocer su dimisión.

A Fernández Bermejo lo sucederá en el cargo el actual secretario de estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, Francisco Caamaño, hombre cercano a la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pero se mantendrá como diputado en el Congreso.

El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que no era su intención cesar al ministro de Justicia y que su dimisión la presentó por iniciativa propia, decisión que calificó de ejemplar.

En otro asunto, la casa del pueblo del Partido Socialista de Euskadi (PSE), en Laskao, en la provincia vasca de Guipuzcoa, fue atacada con una bomba casera que no provocó víctimas pero sí daños materiales y fue atribuida al grupo armado vasco ETA.

El ataque sucede a días de las elecciones en el País Vasco en las que se decidirá el futuro gobierno autonómico y se votará por primera vez un parlamento en el que no estará representada la izquierda separatista radical, proscrita por los tribunales españoles por su presunta vinculación con ETA.