En una decisión inédita, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer denunciar penalmente ante el Ministerio Público Federal a Roberto Domínguez Castillejos (quien en 2007 era presidente del Congreso de Chiapas) por abuso de autoridad, ya que violó una suspensión concedida por el máximo tribunal en favor del municipio de Pijijiapan, que interpuso una controversia constitucional.

Sin embargo, en votación dividida (seis votos contra cinco), la mayoría de los ministros decidió no consignar directamente al ex legislador ante un juez de distrito para no violentar sus garantías procesales y dejó en manos del Ministerio Público que inicie la averiguación para determinar por qué no se cumplió la disposición de la SCJN para no afectar la integración del municipio hasta que se resolviera la controversia entre el edil y el Congreso.

Los titulares de la fiscalía y del Poder Judicial de esa entidad fueron absueltos de cualquier responsabilidad.

El ministro Genaro Góngora Pimentel, quien proponía consignar directamente al ex presidente del Congreso, comentó sobre los efectos de la sentencia de la SCJN: Si esto se permite, nuestras suspensiones no valdrán ni el papel en que están escritas. Es un precedente muy importante.

El 30 de julio de 2007 el Congreso local inició juicio de procedencia en contra del edil de Pijijiapan por los delitos de peculado, ejercicio indebido de servicio público y asociación delictuosa. El 2 de agosto fue designado presidente municipal Isaías Ochoa Espinosa en sustitución de Julio César Arreola Carrasco, quien ya había sido separado del cargo.

Sin embargo, Arreola presentó una controversia constitucional contra el Congreso de Chiapas y solicitó una suspensión a efecto de que se mantuviera la integración original del ayuntamiento; el ministro Aguirre concedió la suspensión a finales de agosto, por lo cual los diputados locales tenían que haberlo restituido en el cargo hasta que se resolviera la controversia.

En cambio, la fiscalía procedió penalmente contra Arreola y el Poder Judicial local le concedió un arraigo en contra de éste, y fue en noviembre de ese año cuando las autoridades referidas cumplieron la orden de la Corte. Además –señaló el ministro instructor, Sergio Aguirre–, las autoridades responsables no hicieron nada para conocer los efectos de la suspensión, ni mostraron disposición para aclarar o justificar por qué no obedecieron la medida cautelar.

Pese a este argumento, se impuso la posición del ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; Mariano Azuela (quien durante el desafuero de Andrés Manuel López Obrador apoyó consignar penalmente al tabasqueño, acusado de violar una suspensión ordenada por un juez federal), apoyada por Sergio Valls y Margarita Luna Ramos, ambos chiapanecos, de José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero.

Los demás proponían que, además del ex diputado, fueran consignados los titulares de la Fiscalía (procuraduría) y del tribunal superior.